El Gobierno central aprobó ayer un real decreto que modifica la regulación actual de inversiones extranjeras en España e incluye cambios sobre qué empresas y qué operaciones han de contar con una autorización previa, aunque por el momento no se han hecho públicos los detalles de esas modificaciones. El escudo antiopas permitió por ejemplo evitar que Naturgy dividiera su actividad en dos empresas y, en general, ha evitado que fondos de inversión se hicieran con el control de compañías aprovechando su caída de valoración durante el covid.
El nuevo real decreto de Inversiones Extranjeras en España, aprobado por el Consejo de Ministros y que aún ha de ser publicado en el BOE –donde se podrán consultar los detalles–, desarrolla el régimen de control de inversiones que fue implantado a través de la introducción del artículo 7 bis de la Ley 19/2003 en marzo de 2020.
El texto aprobado a menos de 20 días de las elecciones generales introduce algunas “modificaciones técnicas” para adaptar a la legislación europea la norma española -que se impulsó a raíz del estallido de la pandemia del covid-19 en 2020 para proteger a empresas estratégicas españolas y que luego se ha prorrogado hasta 2024-, según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que no facilitó más detalles.
A la espera de los detalles
La nota de prensa difundida por ese ministerio se limita a explicar que, con las modificaciones aprobadas ayer, la normativa de control de inversiones españolas es ahora más “clara, predecible y con mayor seguridad jurídica”.
“La atracción de inversiones extranjeras a España ha sido un elemento fundamental en el impulso de la modernización de la economía y en la creación de empleo productivo, estable y de calidad”, explicó el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, al informar de esta medida.
Según el Gobierno central, con esta nueva normativa el inversor extranjero podrá ahora “reducir las cargas y posibles trabas administrativas”, al tiempo que “se reducen los plazos de respuesta y de resolución, que era una de las principales demandas de las empresas e inversores”. Además de “establecer el tipo de empresas extranjeras y de operaciones que necesitan o no solicitar una autorización de inversión a la administración”, el nuevo texto crea “una serie de exenciones al régimen de autorización previa” que tampoco fueron detalladas.
