Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han remitido cartas a las titulares de Trabajo, Yolanda Díaz; Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; e Inclusión, José Luis Escrivá, urgiendo a cumplir con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y reforzar el organismo. En la misiva de CCOO, Sordo señala que hace ya casi dos años que se cerró un acuerdo con el objetivo de fortalecer a la Inspección de Trabajo y manifiesta “su profunda preocupación” por que dicho acuerdo no se haya desarrollado, lo que ha provocado “un deterioro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y un profundo conflicto laboral”.

Por ello, concluye: “Solicitamos que dicho acuerdo se cumpla de forma inmediata”. En la de UGT, Álvarez señala que en las últimas semanas han tenido conocimiento “de la situación de bloqueo en que se encuentra el proceso de reforzamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de dotarlo de una organización más eficaz”.

UGT también traslada a los ministros “su preocupación por esta situación” y solicita que se cumpla “sin más demora” el compromiso de refuerzo y modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. UGT lleva reclamando desde hace tiempo más personal y medios en la Inspección. “Tenemos un mercado de trabajo cada vez más complejo, que plantea importantes retos para la clase trabajadora y para la sociedad en su conjunto. Para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda cumplir con su labor y hacer frente a los mismos de manera eficaz, es necesario su reforzamiento y actualización”, sostiene Álvarez.

Las misivas llegan después de que los sindicatos de la Inspección convocaran una nueva huelga a partir del 26 de junio como protesta contra los incumplimientos del Gobierno español, que se había comprometido a un refuerzo de personal, una modernización del servicio y una mejora de las condiciones laborales que no terminan de materializarse. Entre las campañas afectadas están las de control de los planes de igualdad entre mujeres y hombres, la del tiempo de trabajo, la del registro de jornada o la de riesgos asociados a la actividad agraria.

Por este mismo motivo, los sindicatos que representan a los trabajadores de Inspección de Trabajo presentaron el pasado mes de marzo una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea.