La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Juliane Kokott recomendó ayer avalar las ayudas fiscales por valor de 250 millones de euros concedidas por Luxemburgo a la multinacional Amazon que habían sido declaradas ilegales por la Comisión Europea hace ya seis años.

La letrada argumenta en sus conclusiones –que no son vinculantes de cara a la futura sentencia pero suelen marcar en la mayoría de las ocasiones el sentido final del fallo– que el Ejecutivo comunitario se “equivocó” al declarar en 2017 que dichas ventajas fiscales eran contrarias a la legislación comunitaria.

En concreto, defiende que Bruselas “se basó en un sistema de referencia erróneo” por haber utilizado las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia en vez del Derecho luxemburgués como base para evaluar la existencia de una ventaja fiscal selectiva.

La Comisión Europea obligó entonces a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros en ayudas fiscales que consideró ilegales a Amazon al entender, tras evaluar dichas bonificaciones, que la firma estadounidense había podido pagar durante varios años “bastante menos” impuestos “sin una justificación aparente”.

La compañía pudo beneficiarse de este esquema fiscal durante ocho años (desde 2006 hasta 2014) y le permitió ahorrarse el pago de impuestos sobre “casi tres cuartos de los beneficios” obtenidos a través de sus ventas en la UE, de acuerdo con el análisis que hizo Bruselas.