ELA anunció ayer huelgas y movilizaciones este otoño ante “la grave situación” de los empleados públicos vascos. “En defensa de nuestras competencias y servicios públicos impulsaremos la movilización y la huelga para garantizar el IPC a las y los trabajadores públicos de nuestro país y acabar con la temporalidad”, apuntó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos del sindicato, Igor Eizagirre, en una comparecencia.
Este llamamiento llega después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, confirmara que aplicará a sus trabajadores la misma subida que Madrid, es decir, un 1,5% adicional este año que se añadía al 2% ya ejecutado –lo que obligaría a las administraciones vascas a diseñar una paga extra en diciembre– y un 3,5% en 2023, lejos todavía de la inflación.
ELA defendió que las negociaciones para el próximo año “deben darse aquí” y en ellas se debe garantizar el poder adquisitivo perdido en 2022 (4,5%) y el IPC de 2022. Asimismo, el sindicato reclamó el compromiso de “abrir una negociación para recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década”.
La propuesta de ELA, en cambio, fue rechazada por LAB, que criticó la “unilaterialidad” de la central sindical a la hora de anunciar movilizaciones. Según la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, la central sindical ha priorizado “una vez más” sus intereses corporativos por encima del interés general. Aranburu señaló que “esta es una cuestión que vamos a analizar como sindicato, pero a la que, por ahora, no voy a responder”.
