El incesante castigo de la inflación a todas las economías está desbaratando todas las previsiones de crecimiento. Una de las soluciones que planteó antes de verano el Gobierno español para paliar sus efectos, el denominado pacto de rentas, parece cada día más lejos de convertirse en realidad. Patronal y sindicatos están muy alejados en sus posiciones, en especial en materia salarial, y el Ejecutivo, pese a sus llamamientos a ambas partes, ofrece la sensación de no tener confianza en un posible acuerdo.

El pacto de rentas apareció en el debate político y económico pocos días después del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso “un gran pacto de rentas” a empresarios y sindicatos, con esfuerzos para ambas partes. Por un lado, en “los costes salariales”, con menores subidas de sueldos, y por el otro, con “la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas”. El objetivo final era “evitar caer en una espiral de precios, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga en riesgo la recuperación económica”. 

La idea de un pacto de rentas ha sido defendida con insistencia por el Banco de España en los últimos meses. También por el BCE, que está tratando de contener los efectos de la inflación con dos subidas de los tipos de interés desde el verano. Pero la clave de la cuestión está en las subidas salariales que defienden las partes. Los sindicatos quieren que los incrementos vayan en la línea del Índice de Precios al Consumo, que en el mes de septiembre acabó en una tasa del 9% interanual. La CEOE ya ha anunciado que se descuelga de cualquier acuerdo que contemple un crecimiento acorde al IPC. El Banco de España, por su parte, estima que los salarios “deben subir un poco por debajo de la inflación”, al tiempo que reclama al empresariado que “evite repercutir totalmente sus aumentos de costes en los precios finales”. 

Pensiones e impuestos

La subgobernadora del organismo, Margarita Delgado, advirtió el pasado mes de agosto de que la ciudadanía tenía que “ir acostumbrándose” al aumento de la inflación, que va a provocar un “empobrecimiento general”, razón por la que reclamó que el pacto de rentas incluyese no solo a los salarios procedentes de la empresa privada sino también a los del sector público. “Todos tenemos que apretarnos el cinturón”, indicó en una entrevista a la revista ‘Telva’. 

Tras las reuniones a tres bandas en marzo y julio, la última cita, hace dos semanas, no parece haber facilitado el camino. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, subrayó la semana pasada que indexar los salarios al IPC “generaría un problema de inflación de segunda ronda”, mientras que para UGT y CC OO se trata de una línea roja. Además, el Ejecutivo quiere que no se trastoque su compromiso de subir las pensiones conforme a la inflación, pero la CEOE quiere que los pensionistas se incluyan en un acuerdo con incrementos por debajo del IPC

Además, existen también otros puntos de fricción. Por un lado, lo que debe presuponerse como una antesala de la hipotética rúbrica de un pacto de rentas, el llamado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), se encuentra también en vía muerta por las desavenencias entre sindicatos y patronal en lo que concierne a las cláusulas de garantía salarial. La CEOE, además, se ha pronunciado en contra de las últimas decisiones del Gobierno sobre fiscalidad, que parece que tampoco gustan al Banco de España. En resumen, un panorama que no invita al optimismo. 

LA POSTURA DE LA PATRONAL


La CEOE, en proceso electoral. En noviembre. Uno de los tres actores de la negociación, la CEOE, se encuentra en un momento de profunda actividad interna. El próximo 23 de noviembre se celebrará la asamblea electoral de la Confederación, a la que su actual presidente, Antonio Garamendi, tiene intención de presentarse para ser reelegido. El empresario vizcaino, en el cargo desde 2018, estaría afrontando presiones para bloquear un acuerdo sobre el pacto de rentas, procedentes de otros dirigentes de la CEOE disconformes con su apoyo a la reforma laboral acordada con Gobierno y sindicatos a finales del año pasado. Garamendi anunció el pasado 21 de septiembre su intención de concurrir a la reelección.