El Tribunal de Cuentas plantea que toda prestación o ayuda por desempleo, sea contributiva o no, se integre en los presupuestos de la Seguridad Social para reunificar en una única área administrativa la imputación presupuestaria de estos gastos y su pago material.
De esta forma, señala el órgano fiscalizador, se evitarían posibles disfunciones entre el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la liquidez de la Tesorería General de la Seguridad Social que, en todo caso, también podrían solventarse si las transferencias del Estado que recibe el SEPE para estos gastos tuvieran entrada en el circuito financiero de la Seguridad Social.
Esta es una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del covid-19 en las entidades y organismos del ámbito de la administración socio-laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020. En sus recomendaciones, el Tribunal justifica que la propia Ley General de la Seguridad Social, la protección social forma parte de su sistema y su pago se realiza a través del circuito financiero de su Tesorería.
FOGASA Y MUFACE
Según la fiscalización, la financiación recibida por estas entidades asciende a 38.802,6 millones de euros, de los que 36.502,6 millones se han recibido en la Tesorería General de la Seguridad Social y los 2.300 millones restantes en el SEPE, sin que Fogasa ni Muface recibieran financiación adicional para afrontar las ayudas.
En el caso de la Seguridad Social, la financiación recibida se materializó en dos transferencias corrientes por un total de 20.002 millones y un préstamo a diez años de 16.500 millones, mientras que la del SEPE es una transferencia corriente por 2.300 millones. Una cuantía que el Tribunal considera no adecuada, detectando insuficiencias presupuestarias respecto a las cuales el SEPE desconoce si se deben a costes asociados a la pandemia.
