a vieja idea de la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, de "construir Europa con Euskadi", se está haciendo realidad poco a poco gracias a la tenacidad y a la perseverancia de esta eurodiputada vasca que hace dos años, -contando con la parálisis social y económica que supuso la pandemia del covid-19 el año pasado-, tomó como objetivo proyectar el modelo inclusivo participativo de empresas, desarrollado por la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta (ALE), al conjunto de los países de la Unión Europea (UE) como un instrumento donde pivotar la transformación de las empresas a favor de una economía más sostenible y alineada con un planteamiento más humanista, donde las personas, es decir, los trabajadores, sean el foco y el eje vertebrador.
Y a decir verdad, esa obstinación ha tenido una gran compensación con la resolución sobre la "Democracia en el trabajo: Un marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y revisión de la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo", aprobada el pasado jueves, por el Parlamento Europeo con el apoyo de 476 diputados de los 690 presentes, de los que 115 votaron en contra y 99 se abstuvieron, que está inspirada, precisamente, en el modelo inclusivo participativo vasco de empresas desarrollado por ALE y que tuvo en 2018, la aprobación unánime de todos los grupos políticos de los parlamentos Vasco y de Navarra.
El hecho de que 476 europarlamentarios votaran a favor de esta resolución que fija una nueva forma de organización interna de las empresas en el conjunto de la UE tiene una gran importancia, si se tiene en cuenta que la Eurocámara cuenta en la actualidad con un total de 705 diputados, tras la salida del Reino Unido en enero del año 2020.
El apoyo parlamentario vasco y y navarro, junto con el abanico de medidas de impulso que ha desarrollado la Diputación Foral de Gipuzkoa en este sentido, han constituido el mejor aval para que el modelo vasco de participación de los trabajadores en la empresa, tanto en lo que se refiere al capital como a la gestión, se haya convertido en punta de lanza del movimiento de fondo que se está produciendo en este momento en el seno de la UE a favor de un nuevo tipo de empresa más democrática y más sostenible en un escenario de transformación que reside en la digitalización, el conocimiento y preservación del medio ambiente.
Es tal la corriente que se está registrando en el seno de la UE a favor de un modelo diferente a las empresas de capital, es decir, las anónimas o limitadas, por las compañías de economía social, entre las que se encuentran también las firmas participadas, que en el seno de la Comisión Europea (CE), ya se está planteando la creación de una dirección de Economía Social. Algo impensable hasta hace muy poco tiempo.
La eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao, expresaba su satisfacción porque la resolución del Parlamento Europeo haya tenido como fuente de inspiración el modelo vasco de participación de los trabajadores en las empresas. "La pandemia nos ha obligado a acelerar un proceso de transformación de nuestra economía para hacerla más resiliente y sostenible y, en ese marco, es fundamental insistir en que la democracia corporativa en las empresas y el avance en la economía social son pieza imprescindible para culminar con éxito esa transformación", ha afirmado Bilbao.
En los considerandos en los que se basa la resolución del Parlamento Europeo, se parte del hecho de que en el año 2019, menos del 31% de las empresas de la UE facilitaron la participación directa y periódica de los empleados en la toma de decisión de las organizaciones, teniendo claro que la participación y la representación de los trabajadores, así como la cobertura de la negociación colectiva, son fundamentales "para el respeto de los derechos de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las empresas".
En este sentido, el Parlamento Europeo considera que el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE, -que es el instrumento por donde van a llegar los flujos financieros de Bruselas a los países comunitarios para paliar los efectos negativos de la crisis económica producida por el covid-19-, es un marco adecuado para el desarrollo de la participación de los trabajadores en la programación y ejecución de los proyectos financiados y, de esta forma, anticiparse y gestionar de manera adecuada los posibles efectos transformadores en las empresas y las relaciones entre los interlocutores sociales.
En este contexto, para el Parlamento Europeo la pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto que la participación de los trabajadores en el seno de las empresas es una imperiosa necesidad "si se quiere lograr la transición ecológica y digital hacía un futuro sostenible, justo y social de la UE".
Por todo ello, la cámara de Estrasburgo insta a la CE y a los Estados miembros que establezcan las condiciones y los requisitos necesarios para que, al menos, el 80% de las empresas cuenten en el año 2030, con acuerdos de gobierno corporativo sostenible en el desarrollo de estrategias acordadas con los trabajadores para influir positivamente en el desarrollo ambiental, social y económico a través de prácticas organizativas y presencia en el mercado.
En estas prácticas de gobierno corporativo cabe destacar aquellas que contribuyen a la sostenibilidad de la empresas, a través de la elaboración de informes corporativos, la remuneración de los miembros de los consejos de administración, la proporción salarial máxima entre la remuneración del consejero delegado y de los trabajadores, la composición de los consejos de administración y la participación de todas las partes interesadas en el desarrollo del proyecto empresarial.
La iniciativa del Parlamento Europeo abarca otros aspectos muy interesantes en la defensa de los derechos de los trabajadores como es la petición que hace a la CE para que analice las reformas laborales de los países miembros de la UE, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, -que en el caso del Estado español se halla en plena negociación con la patronal y los sindicatos-, con el fin de conocer si se respeta el diálogo social y la participación de los trabajadores. Asimismo, se quiere conocer que esa normativa laboral respeta la negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales y los derechos a la acción colectiva, así como que los trabajadores deben ser a "informados y consultados oportunamente sobre la transferencia, reestructuración y fusión de empresas y despidos colectivos".
Con la aprobación de esta resolución, que toma como referencia el modelo inclusivo participativo vasco desarrollado por ALE hace ya varios años, continúa un proceso que puede terminar en una proposición legislativa que dé cuerpo normativo a una nueva forma de entender la organización de las empresas más acorde con el nuevo escenario en el que se van a desarrollar y en donde la digitalización y la sostenibilidad son factores esenciales. El factor trabajo, relacionado con la fuerza física y la supeditación a las máquinas ha perdido el peso específico que tenían hasta ahora, a favor de la gestión del conocimiento y de la innovación que reside en las personas. Y aquí, Euskadi está contribuyendo de manera muy importante en la transformación que las empresas europeas están obligadas a realizar en el corto plazo.
