El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la disposición de gasto de 432,45 millones de euros para el año que viene, previa a la aprobación del presupuesto, a fin de garantizar los ingresos de las personas que tienen derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

En el caso de la Renta de Garantía de Ingresos, la cuantía prevista para 2022 asciende a 345 millones de euros, que se distribuyen entre Álava (57,39 millones), Gipuzkoa con 78,27 millones y Bizkaia con 209,32 millones. Las cuantías a percibir el año próximo se han incrementado un 3%.

En lo que respecta a la Prestación Complementaria de Vivienda, la previsión total es de 87,45 millones de euros, 14,72 millones en el caso de Araba, 21,36 millones en Gipuzkoa y 51,35 millones en Bizkaia.

El Gobierno vasco ha explicado que se considera necesario tramitarlo anticipadamente puesto que el pago de ambas prestaciones es mensual, de manera que ha de garantizarse que Lanbide, órgano encargado de su gestión y pago, disponga de los recursos económicos destinados a su financiación desde el mes de enero de 2022. El Ejecutivo ha recordado que ambas prestaciones están recogidas en la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.