- La consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, consideró ayer que la intención de Iberdrola, que también sopesa Endesa, de proceder a la revisión de los contratos firmados con grandes empresas para compensar las pérdidas generadas por las medidas del Gobierno español no es "una actuación muy adecuada" porque pone en peligro a la industria vasca, que ya paga en la actualidad por la energía precios más altos que la competencia internacional.

Tapia indicó ayer que el Gobierno Vasco ha constatado la llegada de cartas a empresas vascas grandes consumidoras de energía en las que se les notifica la revisión de las tarifas aplicadas en los contratos de electricidad.

En ellas, la compañía eléctrica vasca explica que la obligación de devolver parte de los ingresos conseguidos por los altos precios del gas, los denominados "beneficios caídos del cielo", que ha impuesto el Gobierno español para atajar la imparable subida de la factura de la luz provoca que esos contratos firmados generan pérdidas.

Por este motivo, les hace saber que han de renegociar las condiciones de esos pactos a fin de revertir "la situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas", afirma Iberdrola.

La eléctrica añade que este cambio es temporal y que, si el Ejecutivo de Sánchez cambia de opinión, incluso se contemplaría la devolución de la cantidad de más abonada con respecto al contrato inicial.

La consejera de Desarrollo Económico señaló que estos contratos contemplaban precios fijados con anterioridad cuya estabilidad permitía al tejido empresarial de Euskadi competir con compañías similares en los mercados globales, y advirtió de que una subida de las tarifas les restaría capacidad porque deberían repercutirla en sus precios.

"En definitiva, lo que estamos poniendo en riesgo es toda una industria en Euskadi, que si ya tenía problemas porque sus precios eran superiores a los de sus competidores, si ahora les incrementamos aún más esos precios evidentemente se puede producir una situación complicada", resumió.

La consejera vasca de Desarrollo Económico también se refirió a la decisión de Iberdrola de paralizar proyectos de energías renovables para considerar que "no es una buena noticia".

Por un lado, argumentó su opinión en el efecto sobre los proveedores y, en este sentido, recordó que Iberdrola trabaja con un alto número de empresas vascas que le suministran servicios y productos para desarrollar sus proyectos, y que su apuesta por las renovables iba a tener una importante repercusión en esa industria auxiliar.

La paralización de estos proyectos en el Estado repercutirá de manera negativa en estos proveedores, razonó Tapia, aunque también apuntó que la eléctrica vasca mantiene un alto número de proyectos en todo el mundo y que Iberdrola "sigue haciendo inversiones y traccionando a esos proveedores" que, por lo tanto, ven reducido el impacto negativo de la paralización de proyectos de renovables en el Estado.

En cualquier caso, Arantxa Tapia avanzó que las conversaciones mantenidas por el Ente Vasco de Energía, organismo del Gobierno Vasco, con Iberdrola apuntan a que la eléctrica ha transmitido que "continúa al 100% comprometida a realizar" las inversiones en parques eólicos que ha previsto en Euskadi.

Otro de los argumentos que aportó para considerar que "no es una buena noticia" la paralización de proyectos de renovables de Iberdrola se refiere a que tendrá como consecuencia un incremento mayor de la factura de la luz.

"Si realmente creemos en las actuaciones en cambio climático y en la reducción de emisiones de CO2, tenemos que continuar con las inversiones en renovables, pero no solo por parte de Iberdrola, sino por parte de cualquier agente del Estado", aseveró Tapia, quien lamentó que en la actualidad se ha creado "cierta incertidumbre" en el ámbito de las energías renovables que no benefician.

Esta consideración se encuentra en la línea de la agencia de calificación crediticia S&P Global, que ayer alertó de que las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el precio de la luz, que supondrá un recorte en los beneficios de las compañías eléctricas de cerca de 3.200 millones de euros, amenazan con ralentizar los objetivos de transición energética del país.

La calificadora considera que estas medidas "podrían reducir el apetito de las empresas de generación de energía de invertir en la transición energética". S&P también señala que España es el único país europeo que ha adoptado unas medidas de este tipo, mientras que el resto ha reducido los impuestos de la factura de la luz o proporcionado subsidios a hogares vulnerables.

"Es importante que se crea en las actuaciones contra el cambio climático y trabajar las renovables"

"La paralización de inversiones afecta al desarrollo industrial de Euskadi"

Consejera de Desarrollo Económico