- «El compromiso con la Unión Europea es que este primer paquete de modernización del sistema de pensiones esté aprobado a final de año», recordaban desde el Gobierno español, pero la verdad es que el acuerdo alcanzado días pasados para reformar las pensiones ha dejado numerosos puntos pendientes como el establecer un nuevo factor de sostenibilidad intergeneracional, reformar de arriba abajo las cotizaciones de los autónomos para obtener una pensión, alargar los años de cotización para calcular las futuras pensiones e impulsar definitivamente las pensiones complementarias, las famosas EPSV vascas.

El ministro Escrivá fue sincero al señalar que la jubilación de la generación del baby boom, la más numerosa de España, va ser un problema para las cuentas, sobre todo, porque el Estado se ha endeudado para gastos corrientes y no para algo excepcional como era el abono de las pensiones a los nacidos en los años 60 del siglo pasado.

En todo caso, antes de fin de año hay que poner en marcha un mecanismo de equidad intergeneracional que será, maquillaje de nombre aparte, un nuevo factor de sostenibilidad que operará a partir de 2027. Su objetivo será vincular el importe de las nuevas pensiones a vectores como la esperanza de vida, afortunadamente cada vez mayor, salvo el año del covid. Si no hay acuerdo para noviembre, el Gobierno legislará unilateralmente.

Hay otro elemento importante pendiente. Importante porque afecta a nada menos que 3,2 millones de personas, y es el cambio del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo, por fin, con sus ingresos reales y poder acceder a pensiones mayores. El Ministerio propuso hasta trece tramos de entre 90 y 1.220 euros, que se alcanzarían de forma gradual durante nueve años pero sin acuerdo se aparcó.

Otro tema aplazado es la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, prácticamente casi toda la vida laboral de la persona en cuestión. La medida, se venda como se venda, supondría un recorte de la pensión del 6,3%. Aunque no se ha aprobado, en los documentos enviados a Bruselas se señala que se procederá a la “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, aunque su entrada en vigor se retrasa hasta la fecha tope de 31 de diciembre de 2022.

Un asunto pendiente más es la falta de concreción al impulso de los planes de pensiones complementarios de empleo, el equivalente a las EPSV vascas, una de las promesas para ayudar a garantizar el sistema público de pensiones que ahora nadie cuestiona aunque sí que las pensiones del futuro puedan ser tan altas, en relación a lo cotizado, como ahora.