Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 aprobaron hoy el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio en el marco de la OCDE y ahora se centrarán en convencer a los países que aún muestran reticencias para que se sumen.
"Este es el resultado de un esfuerzo común. Espero que los países que no se han sumado cambien su decisión", declaró el ministro italiano de Finanzas, Daniele Franco.
En la Unión Europea, Irlanda, Hungría y Estonia, que han atraído durante años la inversión privada por sus tipos tributarios bajos, han mostrado sus dudas para adherirse a este mecanismo, pero el ministro italiano confió en que "cambien de opinión" porque, dijo, los países del G20 representan alrededor del 90 % del producto interior bruto (PIB) mundial y esto "es una presión para el resto".
También la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo hoy en un encuentro con la prensa que los países del G20 intentarán entender hasta octubre las reticencias de Estados como Irlanda, Estonia o Hungría para sumarse al acuerdo global de imposición a multinacionales, pero matizó que no es esencial que todos se unan.
"Estamos intentando entender las reservas de los países que no se han adherido" al texto para esta reforma fiscal internacional consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, enfatizó, "no es esencial que todos los países estén dentro".
ACUERDO HISTÓRICO
El acuerdo alcanzado en el G20 es "histórico", según han remarcado los ministros y banqueros en la declaración final, porque tratará de evitar que las multinacionales se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos.
El sistema fiscal se sustenta en dos pilares; el primero concierne a todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10 %.
Los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000, en el caso de pequeños Estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar.
Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20 % y un 30 % del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10 % de la rentabilidad.
