- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, anunció ayer que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de manera que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, donde remarcó su compromiso de reducir la tasa actual de temporalidad en las administraciones a través de medidas “eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal”.

“No se puede tener 20 años a una persona con un contrato temporal. Vamos a prohibir que se haga”, dejó claro el ministro, que confía en tener la propuesta pactada para el mes de junio. Iceta consideró que las políticas de austeridad, entre otros factores, han agravado el problema de la temporalidad y ha recordado que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición de plazas estuvieron en el 0%, problema que pretende resolver con la reforma del EBEP.

“El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima”, explicó Iceta.

El ministro indicó que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros ámbitos, ya que según los datos que aportó ronda el 8%, mientras que en la administración autonómica supera el 30% y se concentra en salud y educación, y en los ayuntamientos es del 13%.

“Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro”, apuntó.

El ministro de Política Territorial y Función Pública aseguró que se va a reunir con las comunidades autónomas, entidades locales y sindicatos para “reducir la temporalidad, prevenir futuros abusos y estabilizar el empleo”.