- La lucha contra los efectos económicos de la pandemia abrió ayer un escenario de entendimiento sin precedentes en la política vasca. Todos los grupos del Parlamento vasco votaron a favor de la ampliación al próximo año de la línea de avales del Gobierno Vasco a pymes y autónomos. Además, se mejoran las condiciones de acceso de las empresas y se prestará especial atención a los sectores más castigados por el impacto del COVID.

La cuestión se debatió en pleno a propuesta de PP y Ciudadanos. Finalmente se aprobó una enmienda que este grupo había acordado con el PNV y el PSE- EE y a la que se sumaron en la votación EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y la parlamentaria de Vox. El acuerdo tiene un gran valor por la unanimidad alcanzada, toda una rareza en una cámara muy polarizada y en la que el clima político dificulta el acuerdo entre los extremos.

El Ejecutivo ya había mostrado su disposición a prorrogar el programa, una herramienta que se suma en la CAV a la línea de avales del ICO, que también ha sido prorrogada por el Gobierno español. Las empresas vascas podrán escoger la que más se adapte a sus necesidades.

El programa vasco contará con el aval compartido del Ejecutivo vasco y Elkargi. Los bancos que participaban en la línea lanzada en la primera ola del COVID repetirán en esta segunda edición. Queda por definir el montante de la operación. El presupuesto inicial activado en abril se duplicó posteriormente hasta los 1.000 millones de euros.

Lo que ya se sabe es que las condiciones serán más favorables para las pequeñas y medianas empresas y autónomos que soliciten los créditos y para las que lo han hecho este año. Según el texto aprobado ayer en el Parlamento, se ampliará el periodo de carencia de la devolución del dinero de uno a dos años.

De este modo, las empresas empezarán a pagar en el segundo trimestre de 2022, coincidiendo, previsiblemente, con el momento en el que la recuperación coja velocidad. Además, el plazo para el reintegro de los préstamos se elevará de los actuales cinco años a ocho años con cuotas más bajas. El Parlamento solicita, asimismo, que en dicho programa se establezca una línea específica de apoyo financiero a los sectores más afectados por la pandemia, y que se posibilite el acceso al nuevo plan a los beneficiarios y solicitantes de los préstamos del programa de 2020.

En el transcurso del debate, el portavoz del grupo PP+Cs, Carmelo Barrio, aplaudió la disposición del resto de grupos a respaldar esta enmienda, y afirmó que un acuerdo unánime sobre este programa aporta “confianza y seguridad”.

La parlamentaria del PNV Itxaso Berrojalbiz destacó, por su parte, que el programa actual ha sido “eficaz” a la hora de paliar las “tensiones de liquidez” de muchos negocios y que el Gobierno Vasco “seguirá arropando y atendiendo a las necesidades a las empresas y autónomos. El portavoz parlamentario del PSE, Eneko Andueza destacó la “importancia” de ir “todos en la misma dirección”.

Desde EH Bildu, Iker Casanova aseguró que con la crisis asociada a la pandemia, se está demostrando el “papel decisivo” de las ayudas públicas a la hora de sostener a las empresas y aplaudió que se haya dejado atrás el “tótem de la austeridad”.

El parlamentario de Elkarrekin-Podemos-IU David Soto, votó a favor a pesar de mostrar su preferencias por las subvenciones directas o la toma de participaciones de la administración en las empresas.

Pago aplazado

Las empresas que soliciten un préstamo avalado por este programa o que lo hayan solicitado este año tendrá una carencia de dos años en el pago.

Plazo de pago

También se amplía el plazo máximo de pago, que pasa de los cinco años actuales a ocho, con el consiguiente descenso de las cuotas.