El modelo inclusivo participativo de empresa sigue creciendo

06.12.2020 | 01:41
El modelo inclusivo participativo de empresa sigue creciendo

el modelo inclusivo participativo de empresa que trata de impulsar la participación de los trabajadores en las compañías y que ha sido desarrollado y promovido por Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE) se está viendo claramente reforzado a la hora de su implementación como una nueva estructura societaria empresarial en el tejido socioeconómico vasco y estatal.

Desde que en el año 2018, los parlamentos vasco y de Navarra instaron, con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, a sus respectivos gobiernos a fomentar e impulsar el modelo inclusivo participativo de empresa, la iniciativa impulsada por Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE) ha tenido un gran desarrollo en nuestro país. Es una nueva forma de entender la empresa desde una visión humanista que centra a la persona como eje de la actividad empresarial desde planteamientos de igualdad y dignidad, partiendo del desarrollo de un empleo de calidad, una gestión compartida y un mayor equilibrio en el reparto de la riqueza.

Una prueba de ello es el balance que el Departamento de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa ha hecho recientemente sobre los trabajadores que han accedido a la propiedad de sus empresas gracias a los incentivos fiscales aprobados por la Hacienda foral en el año 2016. Durante el período 2016-2019, un total de 1.159 trabajadores, de los que 290 son mujeres y 869 hombres, han entrado a formar parte del capital de 232 empresas con una inversión total de 16,5 millones de euros.

El interés de las personas por participar y formar parte de la propiedad de la empresa en la que trabajan es bastante elocuente, si tenemos en cuenta la progresión que se ha producido en la concesión de las ayudas desde que se aprobaron hace cuatro años. Si en 2016 el número de trabajadores que entraron en la propiedad de sus empresas fue de 147 en 40 compañías diferentes, en el año 2019, que es el último ejercicio del que se tienen datos hasta que no se conozcan los resultados de la campaña del IRPF de este año, la cifra de empleados que decidieron formar parte del capital de un total de 86 firmas guipuzcoanas, fue de 420.

En este positivo contexto de evolución transformadora que está viviendo la empresa haciendo partícipes de su capital a sus propios trabajadores, un paso muy relevante va a ser la nueva ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas, cuyo borrador ha sido elaborado por la Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE), a instancias del Gobierno Vasco, y de cuya tramitación en el Congreso de los Diputados se ha comprometido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un reciente viaje a Euskadi, ante la ausencia de competencias en este terreno por parte de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

El borrador de este proyecto de ley –que modifica el actual, que data del año 2015, trata no ya de una reformulación de las empresas participadas por los trabajadores, sino también de dotar a este tipo de sociedades de una regulación jurídica lo suficientemente desarrollada para tener un carácter propio y diferenciado–, fue presentado en la Jornada de Impulso al Modelo Inclusivo Participativo de Empresa que, organizada por el Gobierno Vasco, ALE y ASLE, se celebró el pasado jueves en Bilbao, con la presencia del lehendakari Iñigo Urkullu y de la vicepresidenta segunda y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia.

La necesidad de contar con un estatus normativo específico para las empresas participadas es fundamental para la implementación de este nuevo modelo de organización empresarial que rompe de manera radical con un tipo de estructura jerarquizada donde la distinción de las posiciones del empresario y de los trabajadores en sus derechos, obligaciones y roles, están perfectamente delimitadas, lo que da lugar a una cultura de la confrontación, para dar paso a otro basado en la cooperación y la corresponsabilidad de los empleados participes en la toma de decisiones que afecten al desarrollo de la compañía .

Y aquí el diálogo social entre agentes significativos, empresarios y sindicatos se presenta como necesario a la hora de favorecer que un mayor número de trabajadores puedan acceder a la propiedad de sus empresas, lo que significa también un cambio de cultura por parte de los empleados, al pasar de una representación a través de los comités de empresa –que tienen una función meramente consultiva y de vigilancia y control–, a otra interna que forma parte de los órganos de participación integrados en la propia estructura de la empresa. La negociación colectiva puede ser un buen terreno para avanzar en este modelo de empresa.

El borrador de la ley parte de un hecho fundamental, como es el que el modelo de sociedad participada es aquel en el que los trabajadores participan en el capital social con derecho a voto, al entender que tiene una mayor fuerza transformadora en la transición de un esquema de relaciones laborales basado en la confrontación a otro que reside en la cooperación y corresponsabilidad. Focalizando la participación en el capital, se aumenta la identificación de los trabajadores con el proyecto empresarial, al tiempo que se refuerza su implicación en la obtención de sus resultados y su compromiso con las estrategias empresariales.

La participación en resultados, distinta al dividendo, y la de gestión o la toma de decisiones no vinculadas a la tenencia de capital se dejan fuera del borrador del proyecto de ley al considerarse que son complementarias y no son suficientes a la hora de caracterizar a una empresa como sociedad participada. El texto va al detalle al fijar el porcentaje de participación en el capital que debe pertenecer a los trabajadores y cual debe ser su peso en el conjunto de la plantilla. En este sentido y en función del tamaño, para las pymes la participación de los trabajadores en el capital alcanza el 10% distribuido en el 20% de la plantilla, mientras que en las grandes empresas el porcentaje se reduce a un 5% de la propiedad repartido en el 5% de los empleados. Todo ello, con el objetivo de que los trabajadores tengan capacidad de influencia en el desarrollo de la empresa, sin posibilidad de condicionar su actividad y, mucho menos, de bloquearla.

El modelo de empresa participada es una nueva aportación innovadora que se hace desde Euskadi y, particularmente, desde Gipuzkoa, a la hora de renovar las estructuras empresariales desde el plano de sostenibilidad, cohesión social, competitividad y arraigo en el territorio. Si antes fueron la RGI y las EPSV de empleo elementos referenciales en el Estado, ahora les toca el turno a las sociedades participadas por los trabajadores. Bueno será, que, ante la falta de competencias vascas, en Madrid se den cuenta con celeridad de las ventajas que aporta este nuevo modelo empresarial.

El modelo de empresa participada es una nueva aportación innovadora que se hace desde Euskadi y, particularmente, desde Gipuzkoa, a la hora de renovar las estructuras empresariales