La asignatura pendiente

15.11.2020 | 02:21
La asignatura pendiente

el Gobierno español ha puesto el pie en el acelerador a la hora de impulsar el modelo de EPSV de empleo, en lo que significa un cambio sustancial en el sistema de pensiones en el Estado, al marcarse como objetivo que alrededor de 10 millones de trabajadores, aproximadamente la mitad de la población ocupada, dispongan de un plan colectivo que complemente a las pensiones públicas.

Es todo un reto con el que el Gobierno español pretende fomentar este modelo colectivo de pensiones complementarias siguiendo la estela de la larga experiencia de 24 años de Geroa Pentsioak, que hace posible que durante este año los jubilados socios de esta entidad guipuzcoana puedan disponer de una renta mensual que alcanza de media los 208 euros.

La apuesta impulsada por el ministro de de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no pone en cuestión el sistema público de pensiones, que se mantiene y saldrá reforzado con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, sino que potencia un modelo mixto que existe en la mayoría de los países europeos y en el que el Estado español era una excepción, salvo el caso de Geroa. Un modelo de éxito que ha servido de referencia fundamental en este giro copernicano que ha dado el Gobierno español para dotar de estabilidad y garantizar el poder adquisitivo de los jubilados en el futuro.

Frente a lo que desde planteamientos ideológicos de izquierda y desde algunas posiciones sindicales se considera que las EPSV de empleo rompen con el espíritu del sistema de previsión social pública, lo cierto es que los planes colectivos complementan en un 20% a las pensiones públicas en un mix en el que se combinan el modelo de reparto con el de capitalización. Las EPSV de empleo son un instrumento para que aquellos trabajadores que no pueden ahorrar tengan derecho a tener una previsión social al final de su vida laboral dentro del concepto de solidaridad colectiva. Estamos hablando de trabajadores con salarios bajos o carreras profesionales vulnerables.

Se trata de un proyecto ambicioso que trata de revertir la previsión social en el Estado, hasta ahora enfocada en las EPSV individuales muy vinculadas a las entidades financieras desde una concepción más de producto financiero que de previsión futura y potenciar las EPSV de empleo muy poco desarrolladas no solo en el Estado, sino también en Euskadi, a excepción de Gipuzkoa.

Frente a las 7.478.900 partícipes de planes de pensiones individuales que había en el Estado con un patrimonio de 77.500 millones de euros, los planes de pensiones de empleo o colectivos solo contaban con 1.966.100 partícipes y un capital ahorrado de 34.500 millones de euros, según datos a 30 de septiembre, con lo que se evidencia la enorme desproporción que existe entre los dos modelos y el largo camino que queda por recorrer para llegar a la situación existente en países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido.

Parece que el ministro Escrivá se inclina por el modelo del Reino Unido, donde los trabajadores se adscriben automáticamente a un plan de pensión colectivo en el que aportan tanto los empleados como las empresas y también el Estado, con la prerrogativa de que pueden salirse si lo desean. Según la reforma de 2019, el 8% del salario de los trabajadores tiene como destino el plan de pensiones colectivo, donde la empresa aporta el 3%, los trabajadores el 4% y el Estado, el restante 1%.

El otro modelo es el vinculado a los convenios colectivos sectoriales en el que el trabajador aporta el 1% de su nómina al plan de pensiones y la empresa otro 1%. Este es el sistema en el que se basa Geroa Pentsioak, que cuenta con un total de 114.627 socios, lo que significa el 37% del total de los trabajadores guipuzcoanos, y que ha demostrado ser de una gran eficiencia en los 24 años de existencia de esta entidad de previsión.

Y es, precisamente, esa experiencia la que debe servir para que desde la Comunidad Autónoma Vasca, aprovechando la situación de cambio que se está produciendo en este terreno, todos los actores concernidos en esta materia se pongan a trabajar cuanto antes, porque el tiempo apremia, para tratar de dotar a los trabajadores vascos de un modelo propio EPSV de empleo.

Y la cuestión no es baladí porque la CAV tiene competencia plena en esta materia, en virtud del artículo 10.23 del Estatuto de Gernika, dispone de normativa jurídica propia y un foro como es el Consejo Vasco de Previsión Social, que congrega a la Administración, patronal, sindicatos, cooperativas y consumidores. Es en ese marco donde el Gobierno Vasco debería de adoptar un papel de liderazgo y de dinamizador de un asunto que es de interés social y concierne a una gran mayoría de los ciudadanos vascos, fundamentalmente, de todos aquellos que trabajan por cuenta ajena y cobran una nómina.

Es la gran asignatura pendiente del Gobierno Vasco desde hace diez años, sin que hasta el momento, haya mostrado interés en este asunto de gran preocupación social –salvo declaraciones públicas que no han tenido efecto práctico posterior–, teniendo en cuenta que tenemos una población cada vez más envejecida. Se trata de invertir a largo plazo desde la perspectiva de obtener un gran beneficio social.

El hecho de que los jubilados puedan tener una pensión digna con una EPSV complementaria, al margen de garantizar la cohesión social, supone una buena contribución al mantenimiento de la actividad económica a través del consumo y con él a la sostenibilidad y desarrollo de las empresas del país. Una cuestión que no parece pasar desapercibida para las patronales vascas, a juzgar por las posiciones que mantienen ahora, y que también tendría que ser una prioridad para los sindicatos, que deberían de abandonar ese postureo que no conduce a nada y hacer pedagogía entre los trabajadores sobre las bondades de un sistema como las EPSV de empleo que utilizan la economía como instrumento para tener una sociedad en las mejores condiciones posibles.

Se da la circunstancia de que la propia Administración pública vasca como empleadora cree y fomenta el modelo complementario de pensiones para sus funcionarios a través de Itzarri, en el caso del Gobierno Vasco, y de Elkarkidetza, en lo que se refiere a diputaciones y ayuntamientos, mientras que, por otro lado, se muestra inactiva en su impulso al conjunto de la sociedad vasca. Nos hallamos en un cambio de época que requiere el liderazgo de un Gobierno Vasco, al igual que ocurre en el Estado, para impulsar nuestro propio modelo de EPSV de empleo en Euskadi. Una asignatura pendiente que lleva mucho tiempo sin querer ser aprobada.

El Gobierno Vasco debería adoptar un papel de liderazgo y dinamizador para dotar a los trabajadores vascos de un modelo propio EPSV de empleo, un asunto que es de interés social