El modelo vasco de pensiones, un referente en el Estado

25.10.2020 | 01:33

han tenido que pasar nueve años para que la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados haya redactado unas nuevas recomendaciones dirigidas al Gobierno español que deben servir para reformar las pensiones y garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social, así como para dar confianza a pensionistas y trabajadores sobre su viabilidad.

Las 21 recomendaciones que, tras el acuerdo de los portavoces parlamentarios alcanzado el pasado viernes, deberán ser ratificadas este martes por la Comisión del Pacto de Toledo para que, posteriormente, sean aprobadas por el pleno del Congreso de los Diputados, cuentan con importantes novedades que han superado con creces el texto redactado en 2019 y que no prosperó por la negativa de Unidas Podemos a firmar el documento por puro tactismo político en su ambición de dar el sorpasso al PSOE.

De las 21 recomendaciones, una de ellas, la 16ª, tiene un sello genuinamente vasco y, más en concreto, guipuzcoano, al incorporar el modelo de Geroa Pentsioak, la EPSV de empleo guipuzcoana, como referencia a la hora de desarrollar en el Estado un sistema complementario de carácter voluntario a las pensiones públicas, de la misma forma que se hace en un gran número de países europeos.

Se da la paradoja que, mientras el modelo de Geroa no ha querido ser impulsado por empresarios y sindicatos en Bizkaia, Araba y Navarra –unos alegando incremento de costes laborales y otros, necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores–, ni el Gobierno Vasco se ha mostrado muy entusiasmado con su desarrollo, a pesar de contar con instrumentos como el Consejo Vasco de Previsión Social, –que congrega a Administración Pública, patronal, sindicatos, cooperativas y consumidores–, y que se ha caracterizado por su inoperancia, sin embargo, se ha convertido en un referente de aplicación en todo el Estado.

Otro ejemplo más de la aportación innovadora de carácter social que Euskadi hace al Estado, como lo fue hace unos meses la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que desde hace 30 años se está aplicando en Euskadi para evitar la exclusión social, y que en el Estado se ha empezado a desarrollar ahora bajo la denominación de Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Pacto de Toledo se muestra absolutamente partidario del modelo de las EPSV de empleo, al recoger en el texto la necesidad de "impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro".

El texto recoge de manera muy clara el esquema que rige las EPSV de empleo que parten del acuerdo de empresarios y trabajadores, a través de la negociación colectiva, al definirlos como instrumentos de ahorro a medio y largo plazo para los trabajadores y una herramienta de inversión bajo tutela de los poderes públicos.

Llama la atención que la comisión parlamentaria haga suya la filosofía de las EPSV de empleo de incorporar al sistema complementario a los trabajadores con los salarios más bajos o carreras profesionales más vulnerables, al tiempo que fija que las aportaciones deben dedicarse a cubrir las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento que deberán de ser abonadas en forma de renta. Una cuestión que ha provocado un gran debate entre los beneficiarios, que ponen como ejemplo los rescates de las EPSV individuales cuando los principios en que se sostienen los dos modelos son radicalmente distintos.

También es importante la recomendación que hace al Gobierno sobre la necesidad de dotar a las EPSV de empleo de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, desde la perspectiva de que estos sistemas de ahorro tienen como objeto complementar las pensiones públicas y no deben ser considerados como productos financieros. En este sentido, parece que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dispuesto a recortar parte de los actuales incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y reforzar el atractivo fiscal de los de empleo.

En este sentido, el Pacto de Toledo se muestra beligerante respecto a las EPSV individuales, es decir, las promovidas por las entidades financieras, a las que les pide una mayor transparencia, al señalar que "los costes de administración no deben comportar rendimientos negativos para los ahorradores, con lo que se debe regular fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos".

La culpa de que Euskadi sea, una vez más, ejemplo a seguir en el Estado, en todo lo que se refiere al estado de bienestar de los ciudadanos, es del diputado del PNV por Gipuzkoa, Iñigo Barandiaran, que, desde que entró a formar parte de la Comisión del Pacto de Toledo en 2016, ha tenido como objetivo trasladar el modelo de Geroa Pentsioak como una fórmula de éxito por el que los trabajadores disponen de una renta complementaria a las pensiones públicas. Para ello, invitó en 2017 a la directora gerente de Geroa Pentsioak, Virginia Oregi, para que compareciera ante la comisión con el fin de explicar a los diputados como funciona esta entidad que cuenta con un total de 114.627 socios, lo que supone el 37% de los trabajadores de Gipuzkoa, según datos de 2019, y que disponen de una renta media de por vida de 381 euros.

Otro punto importante que hay que atribuir a la buena gestión del diputado Barandiaran es que el Pacto de Toledo allana el camino para la transferencia de la competencia del régimen económico de la Seguridad Social, una de las más importantes que quedan para completar del Estatuto de Gernika, al desaparecer el carácter unitario de su gestión por parte del Estado que se recogía en las recomendaciones acordadas por la comisión en 2011.

En esta ocasión, en la recomendación octava, se establece la mejora del sistema de la Seguridad Social, incluido su régimen económico, "a través de una regulación integradora del modelo y de una gestión acorde a la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía". Hay que recordar que la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika recoge que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) puede asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad", y que el artículo 18 es totalmente explícito al reconocerla como competencia vasca. Un paso más para tener lo que debería ya de formar parte del autogobierno vasco, refrendado por los ciudadanos de este país hace hoy 41 años. Veremos.

De las 21 recomendaciones, una de ellas, la 16ª, tiene un sello genuinamente vasco, al incorporar el modelo de Geroa Pentsioak