- El diputado guipuzcoano de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, presentó ayer en las Juntas Generales del territorio el proyecto de norma foral que regula la aplicación de Ticket BAI, el sistema informático que será de obligada implantación para todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad económica con el objetivo de eliminar el fraude fiscal en la emisión de facturas.
Entre los aspectos que regula se encuentra el régimen sancionador que prevé multas a quienes incumplan la norma con el 20% de su cifra de negocios del año anterior, y que en cualquier caso no bajará de los 20.000 euros. No obstante, si la irregularidad no es generalizada sino que se refiere a una transacción puntual, la sanción será de 2.000 euros por cada operación ilícita.
La norma también recoge el caso de que se destruya, borre o manipule el software de Ticket BAI, acción que tendrá una multa del 20% de la cifra de negocio del ejercicio anterior, aunque en este caso el mínimo es más alto al alcanzar los 40.000 euros. Por último, si Hacienda detecta reincidencia las sanciones serán “más duras”.
Larrañaga desgranó las principales características de este sistema, presentado con anterioridad, por el que las personas que ejerzan una actividad económica deberán informatizar su emisión de facturas de tal modo que, al tiempo de entregar un recibo al cliente, también enviarán información al departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa.
El diputado foral subrayó que Ticket BAI representa “un salto cualitativo” en la lucha contra el fraude fiscal, puesto que evita malas prácticas como la utilización de un software de doble uso en la emisión de facturas, técnica que según aseguró “ya hemos visto”. El sistema, además, es capaz de generar un código QR que se incorporará a la factura para que de esta forma el perceptor pueda comprobar la veracidad de los datos que contiene.
Jabier Larrañaga admitió que Ticket BAI requerirá una inversión adicional para, sobre todo, pequeños negocios como comercios o establecimientos hosteleros, para lo que incidió en que la Diputación ha previsto establecer una serie de ayudas.
A consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, añadió que se ha retrasado la obligatoriedad de implantarlo del 1 de enero de 2021 inicial al 1 de enero de 2022, aunque el sistema podrá utilizarse el año que viene de forma voluntaria.