ELA elabora una propuesta para bajar la temporalidad del sector público

El sindicato presentará un planteamiento a los partidos políticos para consolidar a más de 50.000 interinos

03.07.2020 | 01:02

donostia – ELA presentará "en breve" una propuesta a los partidos políticos vascos para consolidar a más de 50.000 temporales del sector público, con el objetivo de mejorar el empleo y reforzar los servicios públicos.

ELA se une así a las reivindicaciones que realizan tanto el sindicato de reciente creación Interinok Taldea en Lakua y diversos colectivos de afectados de instituciones como la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia que ha recogido este periódico.

Sindicalistas de ELA se concentraron ayer en Bilbao para presentar sus propuestas de rebajar la temporalidad. El secretario general de la federación de servicios públicos-Gizalan de ELA, Igor Eizagirre, aseguró que casi el 40% de la plantilla del sector público es temporal, una "consecuencia directa del uso abusivo, sistemático, y fraudulento de la contratación temporal por parte de nuestros gobernantes".

Con la crisis del coronavirus se ha visto cómo "miles de trabajadores que se han jugado la vida en esta crisis sanitaria tienen un contrato temporal", señaló, para advertir de que la temporalidad del sector público es superior en doce puntos porcentuales al del sector privado. "La situación es tan grave que muchos trabajadores públicos se jubilan siendo temporales", insistió Eizagirre.

Para intentar revertir esta situación, ELA iniciará una ronda con los partidos políticos para que modifiquen antes de final de año la legislación y se reduzca radicalmente la temporalidad.

La propuesta incluye puntos como eliminar las restricciones que la legislación básica impone a las administraciones públicas y dificulta la oferta de puestos de trabajo (la llamada tasa de reposición), o la obligatoriedad de hacer procesos de consolidación en todo el ámbito público sin excepciones.

También se pide que en caso de que no se pongan en marcha estos procesos, se fije una indemnización de 45 días por año trabajado cuando las administraciones den por finalizados los contratos. De este modo se aseguraría que el abuso de la temporalidad en la contratación tendría sanciones efectivas. Además, pide responsabilidades administrativas y penales para quienes hayan generado situaciones de abuso de la temporalidad.