donostia - El nombramiento de José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social supone situar al frente del Departamento que tiene uno de los mayores retos del nuevo Gobierno español, la reforma de la pensiones, a un economista cuya visión de la sostenibilidad del sistema avanza en dirección contraria a las demandas de los sindicatos y de los miles de pensionistas se manifestan cada lunes frente al en las capitales vascas.
El hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tendrá que lidiar además con la complicada tarea de la emigración y deberá liderar las políticas de inclusión social, aunque a buen seguro que el nuevo modelo sobre el que se sustentarán las jubilaciones ocupará gran parte de su actividad. Y, a tenor de las declaraciones que ha hecho los últimos años, se intuye que levantará ampollas entre los pensionistas que salen a la calle cada semana y en las sedes de los sindicatos, pero también en el propio Gabinete de Pedro Sánchez, donde se intuye un choque con los ministros de Unidas Podemos.
De partida, la figura de Escrivá supone un dique para las demandas de los pensionistas vascos, que son los que siguen manteniendo la llama de la reinvindicación y que plantean cuestiones como una pensión mínima de 1.080 euros. De forma paralela, se enfría la expectativa de que el Gobierno central apueste por una reforma profunda orientada hacia un modelo que prime las retribuciones de los jubilados frente a las urgencias financieras del sistema.
un dique en el gobierno Quienes han trabajado con José Luis Escrivá afirman que es un hombre de fuertes convicciones que no se dejará influir por las presiones políticas que lleguen de dentro y fuera del Ejecutivo. Así, se percibe que dentro de la barrera de tecnócratas que ha colocado Sánchez entre sus planteamientos y los de la formación de Pablo Iglesias, el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones será un dique con el que frenar las aspiraciones que pudiera tener Podemos de avanzar en una línea demasiado agresiva en este complicado frente.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió hace unos días que se derogue en el primer consejo del Gobierno, previsto para el martes, la última reforma laboral para empezar a negociar el nuevo modelo a partir de la normativa que aprobó en 2011 el último Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. No parece que Sánchez esté dispuesto a realizar ese gesto tras dar las riendas del sistema al expresidente de la AIReF.
En la hemeroteca han quedado varias reflexiones en torno a las pensiones de José Luis Escrivá desde que Mariano Rajoy le puso en 2014 al frente del supervisor de los presupuestos.
El haber sido reclutado tanto por los socialistas como por los populares refuerzan su imparcialidad, pero Escrivá nunca ha ocultado cuáles son sus recetas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por una parte, considera que es necesario endurecer los requisitos para las prejubilaciones y de ese modo retrasar la edad efectiva de jubilación. En estos momentos, la edad de retiro real es de 62,4 años, a pesar de que la edad legal de jubilación se está retrasando gradualmente hasta los 67 años en el horizonte de 2027. En un informe elaborado durante el mandato de Escrivá, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente ha apostado por aumentar la edad real en tres años a medio plazo y situarla en los 64,5 años y a más largo plazo (2048) avanzar hasta los 65,5 años.
Además, defiende aumentar a más de 25 años el número de años con el que se calcula la pensión. Ese umbral ya se está modificando y ha pasado de los 15 años fijados en 2011 a los 22 años que se tomarán como referencia este curso. En 2022 el computo se realizará con 25 años, una medida que en la mayoría de los casos supone una reducción del salario de jubilación.
También ha planteado AIReF bajo su batuta modificar las pensiones de incapacidad de forma que sus beneficiarios sigan trabajando, aunque sea a tiempo parcial en otras actividades laborales que pueda realizar, de cara a aligerar el gasto de la Seguridad Social. No son propuestas demasiado agresivas, y seguramente por ello ha contado con la confianza de Pedro Sánchez, pero no cuadran con las demandas que se escuchan en la calle.
Déficit. El sistema de la Seguridad Social es el principal responsable del déficit del Estado, que la AIReF estima que será del 2%. El dato coincide con el que el Ejecutivo negoció con Bruselas y trató de aprobar en lugar del 1,3% previsto por el anterior Gobierno, pero que fue rechazado por el Senado con los votos de Partido Popular y Ciudadanos.
Crecimiento del gasto. La Autoridad Fiscal calcula que el gasto en pensiones crece a un ritmo del 5,9% debido al incremento de las pensiones y la subida por encima del 0,25% fijada. Las cotizaciones sociales crecen más que las pensiones, en torno a un 7,9%, por el aumento del número de trabajadores y también de la cuota que pagan las empresas a la Seguridad Social. Sin embargo, ese dinamismo no es suficiente para frenar el desajuste entre ingresos y gastos del sistema.
