Más de 1.000 trabajadores en la CAV, de los que 322 son del Popular
Los sindicatos ven con buenos ojos la operación pero piden mantener la plantilla tras la absorción
donostia - La absorción del Banco Popular por el Santander generará una estructura en la CAV que contará con más de 1.000 trabajadores, de los que 322 corresponden al actual Popular, según CCOO-Euskadi.
La entidad intervenida ya realizó un importante ajuste de plantilla en enero en todo el Estado, pero se desconoce si la entrada del Santander generará riesgo para los empleados que permanecen en sus correspondientes puestos de trabajo.
Ayer la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, aseguró que los empleos actuales serán asumidos en su totalidad y por tanto no corren peligro.
A pesar de estas afirmaciones, el sindicato CCOO, mayoritario en ambos bancos, ha pedido una reunión a la dirección para conocer cómo va a afectar la operación a la plantilla.
El ERE aplicado en enero deja en una situación “más aliviada” al banco, según este sindicato, que considera que la compra por el Santander es positiva y resta “incertidumbres” al futuro del Popular.
En todo caso, “aún no hay nada claro” sobre lo que quieren hacer con la plantilla, remarca Rakel Díaz, de CCOO-Euskadi, ya que esta no es una compra al uso y está condicionada por las directrices marcadas a nivel europeo.
El Popular tiene en Euskadi 59 oficinas, que con las 134 del Santander haría rozar las 200. Sin duda los ajustes y el cierre de oficinas realizado en enero han facilitado la adquisición por parte del Santander.
incertidumbre Rakel Díaz valoró “positivamente” el paso que ha dado el Banco Santander, ya que había una “incertidumbre entre clientes, mercados y plantilla” del Banco Popular, según aseguró haber constatado en la última temporada.
Este movimiento, en opinión de la sindicalista, puede ayudar a disipar algunas dudas, pero también advirtió de que “ahora hay otro tipo de incertidumbre”. No obstante, consideró que “era una situación que era necesario resolver”, e insistió en que CCOO exigirá un protocolo de garantías de empleo, y de mantenimiento de condiciones de trabajo. - A. Legasa
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