donostia - Los empresarios guipuzcoanos alertan de la absoluta ausencia de seguridad jurídica fiscal que sufren en este territorio histórico y advierten de que, si no se pone remedio a esta situación, las inversiones y la consecuente creación de empleo en Gipuzkoa pueden correr un serio peligro.

Así lo constata Aitor Orena, consultor de la firma Cialt Asesores, quien identifica este problema como uno de los principales motivos de preocupación del tejido empresarial del territorio histórico. Según afirma, la actuación en ocasiones arbitraria de la Hacienda guipuzcoana crea incertidumbre entre los empresarios y “el dinero tiene mucho miedo, lo que busca es estabilidad, seguridad y pocos vaivenes”.

El sentir de la mayoría del empresariado oscila entre el enfado y la sensación de luchar contra titanes. Orena explica que no se trata tanto de la creación o desaparición de tributos, sino de la falta de un criterio único para aplicar los existentes.

La clase empresarial tiene dos instrumentos para realizar una planificación fiscal. A través de las consultas y de las propuestas previas de liquidación puede dirigirse a Hacienda y saber si los números que ha realizado conforme a las normas tributarias son correctos, o ha interpretado erróneamente algo de los conceptos fiscales.

El problema “que vemos cada vez más últimamente” surge cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa le responde “por escrito, no de manera informal” que todo lo presentado es correcto y, pasados unos años, le aplica una inspección de la que resulta una sanción porque lo que en su día aceptó ahora cambia de criterio y lo considera una irregularidad.

Otro de los casos más repetidos que relata el asesor fiscal se refiere a una anormal duración de procesos de liquidación que practica Hacienda. Aitor Orena explica que en otros procedimientos existe un plazo fijo que, por lo general, suele ser de seis o doce meses. En este tipo de intervenciones, sin embargo, no hay un periodo establecido, por lo que puede alargarse tres años y “no puedes tener a un empresario con esa incertidumbre durante tanto tiempo”.

El hecho de que en Gipuzkoa se registre una alta prevalencia de este tipo de problemas fiscales también se debe a los continuos cambios políticos en las Juntas Generales. “Cada nuevo equipo de gobierno quiere dejar su impronta, por un lado, y además no interpreta las normas de la misma manera, por otro”, lamenta el asesor de Cialt, quien reivindica el papel de la Administración tributaria, en este caso la Diputación Foral de Gipuzkoa, sobre el órgano político que corresponde a las Juntas Generales del territorio histórico.

La reclamación principal que hace el empresariado guipuzcoano, en un momento propicio porque se acaba de producir un cambio en el equipo de gobierno de la entidad foral, es que los nuevos responsables se comprometan a dedicar esfuerzos en elaborar un criterio único de aplicación de los tributos, aunque son conocedores de que “no es una tarea fácil”. De momento, se muestran esperanzados según señala Orena, ya que han recibido una respuesta positiva tanto del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, como del de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga.

Este último participará en la jornada que ha organizado hoy Cialt para tratar de despejar el incierto horizonte, en la que también ofrecerán su visión otras personas expertas en esta materia. Así, destaca la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Huelin Martínez de Velasco, del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid Ramón Falcón y Tella, y de la socia de Cialt Asesores Legales e inspectora tributaria en excedencia Elena Reta.