Gallardo comunica a la plantilla su decisión de cerrar Corrugados Azpeitia

Donostia. El Grupo Gallardo, propietario de la acería guipuzcoana Corrugados Azpeitia, comunicó ayer al comité de empresa su decisión de cerrar la histórica planta azpeitiarra, antigua Marcial Ucín. Para ello, precisaron fuentes de los trabajadores, indicó que presentará en breve un ERE de extinción de los contratos de los más de 300 empleados que actualmente trabajan en la planta del barrio de Landeta.

Según informó el sindicato LAB en una escueta nota, la explicación de la dirección en la reunión mantenida con el comité de empresa ayer mismo se fundamenta en "la apuesta que hace el grupo por la planta de Getafe", donde la corporación extremeña ya planteó con anterioridad esta misma medida que finalmente ha desembocado en una negociación.

El resultado ha sido una importante rebaja salarial y una reducción de la plantilla en Getafe, lo que parece inclinar al grupo siderúrgico a apostar por la planta madrileña, también dedicada a la producción de acero corrugado para la construcción.

Ese mismo planteamiento de cierre llega ahora a Azpeitia. El Grupo Gallardo responde así a las duras y tensas negociaciones que mantiene con la plantilla de la fábrica azpeitiarra en un conflicto que dura ya mucho tiempo y que ha provocado una huelga de más de seis meses que finalizó en enero.

La corporación extremeña, que lleva más de un año intentando reducir la plantilla de Corrugados, no quiso realizar ningún comentario al respecto ayer, mientras la representación de la plantilla anunció una rueda de prensa urgente en la que dará a conocer, previsiblemente, nuevas movilizaciones.

Corrugados Azpeitia lleva meses en plena convulsión. De hecho, desde que en 2011 se frustró la operación de venta de la compañía al gigante siderúrgico CSN, la acería guipuzcoana ha entrado en un periodo de conflicto que ahora adquiere dimensiones mayúsculas, con el anuncio de cierre, después de que la dirección haya tratado en varias ocasiones, sin éxito, de reducir la plantilla hasta los 240 trabajadores y aplicar reducciones salariales del 35%.

El conflicto se inició cuando el grupo extremeño anunció un ERE de extinción de 60 de los 305 puestos de trabajo de la acería. Una decisión que finalmente revocó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el pasado diciembre, declarando nulos los 60 despidos al considerar que la empresa no había negociado "de buena fe" durante el periodo de consultas.

En enero, después del fin de la huelga indefinida iniciada en junio de 2012 por toda la plantilla de Corrugados Azpeitia en contra de esta decisión, Gallardo volvió a plantear a los trabajadores un plan de viabilidad que recogía, igualmente, una reducción de 60 trabajadores en la plantilla de Corrugados Azpeitia. Esta vez, mediante bajas incentivadas y con rebajas salariales del 35% de media para el resto de la plantilla.

La compañía ofreció indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un máximo de 16 mensualidades y sin aumento de la jornada laboral e incluso llegó a plantear la opción, si la plantilla no aceptaba estos términos, de ceder la explotación de la fábrica a los trabajadores mediante arrendamiento gratuito. Los empleados nunca aceptaron y plantearon propuestas alternativas que la empresa desestimó.

silencio y tensión La tensión se palpaba en los últimos días, ya que el Grupo Gallardo llevaba tiempo sin responder a las propuestas del comité y la actividad se veía frenada por la falta de entrada de materia prima, una vez terminado el stock de chatarra de 20.000 toneladas que había en la acería desde el periodo anterior a la huelga.

Por otra parte, Gallardo iniciaba negociaciones con una empresa sevillana para la venta de su otra planta de Azpeitia, concretamente Corrugados Lasao, ubicada a las afueras de la localidad y donde fabrican malla para la construcción; allí trabajan unas 70 personas.

El objetivo de Grupo Gallardo, en los últimos tres años, con el intento de venta de muchas de sus empresas, ha sido siempre el de aminorar los problemas de liquidez y afrontar los compromisos con sus acreedores, principalmente entidades financieras con las que refinanció su deuda.