DONOSTIA. El juicio por el presunto fraude de la Hacienda de Irún, en el que están imputados el ex director de esta oficina del fisco guipuzcoano, José María Bravo, su esposa Rosa Cobos y el que fuera su socio Pedro Atristain, continúa este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa.
La quinta sesión de este juicio ha arrancado con el testimonio de los testigos del Ministerio público, que han podido interrogar el fiscal Javier Larraya, el abogado la acusación particular Miguel Alonso Belza, en representación de la Diputación y las Juntas de Gipuzkoa, así como los letrados de Atristain, Pedro Lasagabaster, de Cobos, Mari Cruz López, y el de Bravo, Jesús Urraza.
Una de ellas, María Angeles Calvo, de las empresas de transporte Maycal y Saratrans, ha afirmado que Bravo acordó fraccionarle la deuda tributaria y acometer "un descuento" en la misma.
El asesor de la misma, Carlos Hernáez Ortiz de Urbina, de asesoría Garo, ha señalado que fue él quien tramitó el fraccionamiento de la deuda con Bravo, con el que se reunió en varias ocasiones "siempre en su despacho" en la Hacienda de Irún, y llegó "a un acuerdo" para la rebaja en un 20 por ciento de la cantidad a pagar por su cliente.
Ha señalado que desconoce qué ocurría con la parte de la deuda que se quedaba sin pagar, ya que lo único que le preocupaba es que el expediente de su cliente quedara cerrado. Según ha indicado, el principal imputado en esta causa se encargaba de que la empresa deudora apareciera como "insolvente" por lo que la deuda pendiente quedaba "extinguida".
Además, ha señalado que Bravo le puntualizó que los pagos de la deuda debían hacerse "en metálico". "Yo entendí que si había un cheque Hacienda iba a investigarlo" y podía tener incidencia en la insolvencia de la empresa.
