El nuevo procedimiento para perdonar multas fiscales se enreda en las Juntas

Donostia. Las Juntas Generales de Gipuzkoa fueron escenario ayer de un enredo que apunta a mayores, el relacionado con el nuevo procedimiento para la condonación de multas tributarias superiores a 6.000 euros y que, por el momento, mantiene en una situación de stand by a las solicitudes pendientes de resolución -tres hasta finales de marzo-, las cuales deberían recibir el visto bueno de los partidos representados en la Cámara guipuzcoana, según entiende el Gobierno foral.

Precisamente, el desacuerdo político en torno a este aspecto genera una situación de incertidumbre que floreció ayer en la comisión de Hacienda, al hilo de una solicitud de Aralar para que la diputada de Hacienda, Helena Franco, informase sobre la condonación de multas tributarias durante la anterior legislatura. La cita derivó en un debate sobre las competencias de las Juntas, la confidencialidad de los contribuyentes, la garantía del procedimiento y la transparencia.

Un enredo al que la propia diputada quiso poner freno, diciendo que se estaba llevando a primera plana un tema de "segundo orden". Un enredo, en definitiva, que se produjo en el mismo órgano que tendrá que decidir si autoriza al Gobierno a perdonar cada multa de más de 6.000 euros. Y deberá hacerlo en función de criterios que la propia diputada calificó de "difícilmente objetivables" y sujetos a interpretación.

El PNV y el PSE-EE quieren retocar esta norma y para ello negocian con el PP, que si bien no contempla que las Juntas sean el último "eslabón de la cadena" y tengan la decisión final, sí incidió en que, al menos, participen en el proceso "de alguna manera". Los votos populares, sumados a los de socialistas y jeltzales, podrían provocar la modificación de esta norma (sumarían 28 de 51 en la Cámara).

Y es que, desde diciembre, la condonación de multas ya no es competencia exclusiva del diputado de Hacienda, que antes se basaba en criterios internos y los informes elaborados por sus técnicos para valorar cada expediente. En todo caso, la Diputación, gobernada ahora por Bildu, estima que dicho sistema ofrece "resquicios" al fraude: "No decimos que antes se hiciera mal... igual había que perdonar los mismos casos, sino que el procedimiento tenía fisuras".

Por ello, Helena Franco defendió un sistema de "mayor transparencia", en el que la decisión la tome el Consejo de Diputados con la autorización de las Juntas. Sin embargo, cuando se le puso en la hipótesis de un eventual desencuentro en relación a un expediente, no supo concretar si el Consejo de Diputados estaría jurídicamente obligado a aceptar el mandato de la Cámara. Sí apuntó, por contra, que atendiendo al "espíritu" de la norma, "tendría que ser así".

solo argumentos, nunca datos Los detractores de este procedimiento, especialmente el PNV, le achacan problemas de confidencialidad. La titular de Hacienda, por su parte, ofreció garantía sobre el anonimato de los afectados, y dijo que los expedientes de condonación -nunca los de sanción- que se pongan a disposición de las Juntas para autorizar la operación solo recogerán argumentos en los que basar la decisión, no datos confidenciales.

Por su parte, el PSE-EE, partido que apoyó a Bildu en la puesta en marcha y aprobación de la reforma fiscal aprobada en diciembre, insistió en que las Juntas "no tienen competencia administrativa" ni acceso a toda la información necesaria para emitir su opinión, debido a cuestiones de confidencialidad.

Tanto la portavoz socialista, Rafaela Romero, como la del PNV, Itziar Agirre, coincidieron en que las Juntas no deben pasar del papel de "control" al de "ejecución" e insistieron en que autorizar al Consejo de Diputados les otorga un papel decisivo que solo corresponde al Gobierno.

El anterior procedimiento dio origen, en la última legislatura, a la condonación de 70 expedientes por valor de casi once millones de euros, incluyendo el caso de la Real Sociedad, a la que se le perdonó una sanción de 6,4 millones de euros. Dicho expediente, por su relevancia, sí contó con el visto bueno del Consejo de Diputados y también se informó a las Juntas Generales.