BILBAO. La impugnación por parte de la constructora ACS de la aprobación -por más del 80%- en la junta general de accionistas de Iberdrola de la reducción del número de miembros del consejo de administración no acabará en la celebración de un nuevo juicio, porque el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, Aner Uriarte, ha resuelto que será él mismo, en el ejercicio de su labor, el que resuelva si la reducción del consejo ha sido ajustada a derecho o no.
El juez decidió en la vista preliminar celebrada ayer en Bilbao que el único objetivo del proceso es determinar si varios acuerdos de la junta de accionistas impugnados por ACS vulneran o no la ley, por lo que rechazó la prueba pericial presentada por la eléctrica vasca, con la que pretendía demostrar que las modificaciones buscaban la mejora del sistema del gobierno corporativo de la compañía.
La defensa del grupo constructor presidido por Florentino Pérez encabezada por el abogado Juan García de Enterria mantuvo que Iberdrola impuso la limitación del derecho al voto de un accionista a un máximo del 10% en la junta de accionistas de mayo, algo legal en aquel momento con los estatutos de la empresa presidida por Ignacio Galán. Según los abogados de ACS, compañía que controla hasta un 19% del capital de la firma vasca, dicha limitación determinó que la constructora viese mermada su capacidad de decisión y vulneraba la Ley de Sociedades Anónimas. Por ello, asegura que la discusión es estrictamente "jurídica".
La eléctrica, que estuvo representado por el abogado Pedro Learreta, del bufete Garrigues, argumentó que en el momento de la celebración de la junta, no estaba en vigor dicha Ley de Sociedades y la limitación era lícita.
El magistrado ha abierto un periodo para que las partes presenten sus conclusiones para luego dictar sentencia.
