Iberdrola denuncia la "enmienda Florentino" ante la Comisión Europea

donostia. El enfrentamiento entre Iberdrola y ACS no tiene fronteras. La eléctrica vasca que ha demandado en Madrid las cuentas de la compañía constructora presidida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha llevado a las más altas instancias europeas la decisión del Gobierno español de poner en marcha la denominada enmienda Florentino, que suprimía la decisión de las juntas de accionistas de una compañía de limitar los derecho de voto de los mismos hasta un porcentaje máximo del capital. En el caso de la eléctrica vasca, los estatutos aprobados por la mayoría de los accionistas limitaban a un máximo del 10% el derecho de voto de un accionista independientemente del capital del que disponga.

La empresa vasca presidida por Ignacio Galán ha denunciado ante la Comisión Europea a España por la polémica reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas en la que se incluye la supresión de las limitaciones de los derechos de voto en empresas cotizadas, según fuentes judiciales.

Como se recordará, la gestión de la citada reforma por parte del Gobierno alimentó los rumores de que era una medida para contentar al lobby supuestamente encarnado por el presidente del Real Madrid y favorecer su intento de controlar Iberdrola para paliar los efectos negativos de la crisis de la construcción y de la elevada deuda de la compañía controlada por Florentino Pérez, la familia March y los Albertos.

Aunque fuentes oficiales de Iberdrola se negaron ayer de forma rotunda a realizar comentario alguno sobre la denuncia en Bruselas, no hay que olvidar que la misma se ha presentado más de un mes después de que la compañía vasca presentara ante el Tribunal Supremo un recurso contra la supresión de las limitaciones de los derechos de voto en las juntas de accionistas. El recurso de Iberdrola alude a la existencia de supuestos defectos de forma en la tramitación de la citada norma y, en teoría algo más importante, como es el daño provocado a los accionistas minoritarios de la compañía.

Dada la oposición del Grupo Vasco en el Congreso, así como de otras formaciones, el PSOE sacó adelante la normativa, con el apoyo de CiU, que sí blindó a sus empresas familiares catalanas, prácticamente en solitario por lo que tuvo que aceptar que su entrada en vigor se pospusiese a junio de 2011, desairando en parte las urgencias de ACS. Éstas se derivan de los importantes vencimientos de deuda que tiene que afrontar en los próximos meses por la citada operación, más de 4.400 millones de euros, por lo que tiene prisa por acceder al consejo de Iberdrola. Con blindaje o sin él, esto es algo que está lejos de lograr, salvo que se haga con el 20% del capital de la eléctrica vasca .

En la actualidad, ACS dispone de una participación, entre directa y derivados, del 12,3%, mientras que los estatutos de la compañía limitan al 10% el poder de voto de cada accionista, de modo que la norma permitiría elevar ligeramente la capacidad de decisión de la constructora.

El recurso ante la Comisión Europea, según la prensa madrileña, argumenta una supuesta violación de la ley de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), los obstáculos a la libre circulación de capitales, el principio de libertad estatutaria de una compañía -ya que fijar límites a los derechos políticos es una decisión mayoritaria que ya se conoce cuando se entra en la empresa- y los efectos dañinos para los accionistas minoritarios.