El Ayuntamiento de Donostia ha iniciado un expediente del clausura para el establecimiento hostelero del puerto que había sido objeto de una modificación en su catalogación para funcionar como bar en una zona saturada, como es el caso del muelle de Donostia.

En la actualidad, ha explicado la concejala de Urbanismo del Consistorio donostiarra, Nekane Arzallus, se está a la espera de que superar el periodo de alegaciones para poder proceder a la clausura de un establecimiento que, ha recordado, ha funcionado como bar “desde 1989”.

Arzallus ha respondido con este anuncio a una moción de control presentada por EH Bildu, en la que se pedía que el Gobierno municipal actuara con el objeto de que Kantina Kaia “ajuste su funcionamiento al grupo 1 al que pertenece”.

Información a los vecinos

Esta moción, que ha sido respaldada por el conjunto de la corporación, también instaba al Gobierno local a informar “puntualmente” a la asociación vecinal Parte Zaharrean Bizi de la evolución del proceso “en su calidad de interesada en el citado expediente”.

Arzalluz ha explicado que el PNV ha apoyado la moción pese a que el área de Urbanismo ya está cumpliendo con lo que se demanda en la misma.

“Urbanismo ha actuado con cuatro expedientes diferentes en este caso, siendo el último el procedimiento administrativo de clausura de la actividad”, ha destacado.

Por su parte el concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, se ha congratulado de tener conocimiento en el día de hoy del inicio del expediente que podría derivar en el cierre del bar del muelle. “Entiendo que entonces no habrá problema en aprobar la moción”, ha declarado Burutaran antes de que Arzallus anunciara su voto favorable a la misma.

Contra la normativa

El pasado mes de enero la propia Arzallus anunció que Urbanismo iba a revocar la licencia concedida al citado establecimiento, que según denunció EH Bildu colisionaba con la Normativa de Distancias y que fue firmada por una funcionaria familiar de una de las personas que solicitó dicho permiso.

Ya entonces Parte Zaharrean Bizi reclamó que el Consistorio investigara lo ocurrido y que procediera a rectificar la licencia.

“Los actos administrativos dictados por funcionarios y cargos públicos deben estar motivados y deben realizarse acorde al ordenamiento en vigor, no de manera arbitraria según su voluntad ni para beneficiar los intereses particulares de terceros”, indicaron en enero desde el colectivo vecinal.