El grupo de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia ha informado hoy de la existencia de un informe de la Secretaría Jurídica del Ayuntamiento que, ha explicado el edil Ricardo Burutaran, “confirma la dejación de funciones del Gobierno municipal” en lo que se refiere al seguimiento de las obras ilegales en la Parte Vieja y la activación de “los procedimientos sancionadores incoados” y remitidos a la Diputación a tal respecto.
Según ha explicado Burutaran, el informe, que se ha realizado a petición de EH Bildu por tener el número de concejales necesario para formular dicha solicitud, “avala” lo que la coalición independentista viene asegurando: “el área de Urbanismo Sostenible del Ayuntamiento dicta resoluciones de inhibición” en los procedimientos antes citados para que, a posteriori, la Diputación los “archive al no ser competente para conocer las infracciones en materia urbanística”.
Dichas infracciones son de distinta índole, desde la instalación de cableado en las fachadas para atender las necesidades de las terrazas de establecimientos hosteleros, a la colocación de toldos y otros elementos no acordes con la regulación.
Al ser la Parte Vieja donostiarra conjunto monumental, el Ayuntamiento, según EH Bildu, ha optado por dejar la pelota de las sanciones o la vigilancia de las infracciones en el tejado foral.
Competencias "irrenunciables"
Según ha apuntado Burutaran, el Consistorio donostiarra mantiene su proceder pese a que, como recoge el informe, las competencias en la materia “son irrenunciables y tiene la obligación de actuar” en conformidad con lo dispuesto por la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006, que dicta la suspensión de las obras o usos no autorizados o, en caso de ser legalizables, de dar un plazo para su legalización.
Según recuerda el informe solicitado por EH Bildu, “es exigible una doble autorización en materia de patrimonio”, que corresponde a la Diputación, y en materia urbanística, competencia del Ayuntamiento. En consecuencia, ha abundado Burutaran, “Urbanismo Sostenible no está respetando el doble régimen jurídico que confluye sobre los elementos edificatorios de la Parte Vieja”.
Así las cosas, ha incidido el edil donostiarra, el Ayuntamiento “tiene la obligación de actuar, porque las competencias son irrenunciables” a la hora de tramitar las denuncias y exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística, como también ha indicado el Ararteko en un dictamen reciente.
