El colectivo Haritzalde, al que los tribunales dieron la razón hace cuatro años en que el vertido de piedras autorizado de modo provisional por el Ayuntamiento en Belartza Alto en 2016 era ilegal, ha solicitado la dimisión de la actual concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, a la que acusa de no haber hecho cumplir la sentencia judicial, que exigía la retirada las piedras depositadas en el lugar, donde está previsto un nuevo polígono logístico.
"Pedimos al Ayuntamiento que cumpla de una vez por todas la sentencia y creemos que Nekane Arzallus debe dimitir teniendo en cuenta la actitud inadecuada y todas las mentiras utilizadas", dice Haritzalde en un comunicado, en el que añade que "si no se produce la dimisión, no sólo caerá en ella toda la responsabilidad, sino que llegará hasta el alcalde Eneko Goia".
Haritzalde considera que el Ayuntamiento "se burla de los ciudadanos" por haber permitido que las piedras se queden en el lugar durante varios años después de la sentencia y asegura que "el Gobierno Municipal donostiarra ha sido fiel colaborador de los promotores" del entorno y "ha querido hacernos creer una realidad paralela construida en base a mentiras".
El colectivo naturalista considera que el motivo del retraso en la retirada de piedras es que el Ayuntamiento es ayudar a los propietarios y que el Consistorio "quiere cash y esos ocho millones de euros que obtendría de la operación en los presupuestos de la ciudad son demasiado tentadores".
A finales del pasado año, la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, anunció que la empresa propietario de Belartza Alto se había avenido finalmente a eliminar las piedras. Estas serán aprovechadas en la obra del enlace de Marrutxipi, a donde se trasladarán directamente, según los planes conocidos hasta el momento.
