Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Donostia, excepto el PP, dieron ayer su aprobación a una moción presentada por EH Bildu y Elkarrekin Donostia, que les habían remitido los colectivos STOP Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora.
La finalidad de la moción era que el Ayuntamiento de Donostia pida al Gobierno Vasco la declaración de zonas tensionadas de vivienda para aquellas que cumplan los requisitos, según la ley en tramitación del Gobierno central PSOE-Unidas Podemos, con el fin de poder poner topes al precio de los alquileres, entre otras medidas.
El PNV, que ha asegurado que la nueva ley en tramitación invade competencias autonómicas, también dio el sí a la moción, a pesar de criticar algunos aspectos de la petición.
A pesar de ello, la concejala de Urbanismo y Vivienda, Nekane Arzallus, dijo: “No nos oponemos a las medidas y si del estudio de la ley se puede mejorar el mercado del alquiler lo aplicaremos”.
Arzallus recordó que el actual censo donostiarra es el mayor de la historia, “por lo que no es verdad que se expulsa población” y consideró que la creación de nuevas viviendas es necesaria para reducir los precios, además de recordar que los grupos de la oposición se han mostrado contrarios a un buen número de proyectos presentados.
Asimismo, acusó a los grupos proponentes de la moción de buscar un “brindis al sol” porque se desconoce aún cómo quedará la ley y reiteró las dudas competenciales de su partido. “Extraña que un grupo que se dice abertzale no las tenga”, indicó en alusión a EH Bildu.
El concejal soberanista Ricardo Burutaran, por su parte, dijo que el PNV optó por dar su voto afirmativo a la moción porque “iban a perder la votación”, ya que la aprobación del texto hubiera salido también adelante con los votos anunciados de socialistas, EH Bildu y Elkarrekin, 14 de 27.
El PSE, por su parte, defendió la aplicación de las medidas para determinar zonas tensionadas que permitan poner límite a los precios de los arrendamientos y criticó al PP por “dejar clarísima su postura contra las viviendas públicas”, además de acusarle de querer traer “políticas ultraliberales de Ayuso y Botella”.
El portavoz del PP, Borja Corominas, por su parte, consideró que la ley del Gobierno de Sánchez pretende “intervenir el mercado de la vivienda” y que implantar un alquiler forzoso es “como una expropiación”. El edil popular agregó que “la medida que quieren poner va a aumentar el problema” y puso como ejemplo el recargo del IBI a las viviendas vacías que ha ido aumentando en los últimos años del 25% al 100%, al igual que el número de pisos sin uso en Donostia, según dijo, por lo que consideró que el recargo no hace efecto.
Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Donostia, Aitzole Araneta, recalcó que Donostia se encuentra en una situación de emergencia habitacional y aseguró que, en los últimos años, según datos de la Diputación, 3.500 donostiarras se han tenido que ir a localidades del entorno a causa del precio de los pisos. La moción presentada por ambas formaciones de la oposición señala, además, que la renta media mensual en la capital guipuzcoana es de 1.217 euros, según el avance del Plan General.
