El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia que obliga a proteger los cuarteles de Loiola, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dio la razón a una reclamación de Vox, lo que dificulta los planes de creación de vivienda para el terreno.
Por su parte, el Ministerio de Defensa también ha presentado otro recurso en contra la misma sentencia, aunque con argumentos distintos. Según explicó Goia, cada institución "tiene un interés diferente". El recurso del Ministerio sostiene que "se produce de facto una catalogación del conjunto construido sin haber tenido participación en ello", mientras que el del Ayuntamiento se relaciona con el Peppuc y su procedimiento "así como con la reivindicación de las competencias urbanísticas para la protección de los edificios", explicó Goia, que añadió que "son argumentos complementarios".
Según explicó el regidor del PNV, los recursos presentados por ambas instituciones no impiden que sigan con su negociación para la compra de los terrenos, que está "cerca" de finalizar. "El acuerdo está muy adelantado y estamos cerca" de alcanzarlo, dijo Goia, que recalcó que ambas instituciones no desean "condicionar el acuerdo con el resultado de los recursos". Asimismo, explicó que "lo más posible" es que el Ayuntamiento y Defensa lleguen a un acuerdo antes de que se resuelvan los recursos presentados.
"Ambas partes hemos trabajado en la sentencia y abogamos por no detener el proceso de negociación", indicó Goia que añadió que "hay que seguir trabajando independientemente de lo que dicte el Tribunal Supremo".
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio parcialmente la razón al partido político Vox en el recurso que presentó en contra de la aprobación del Plan de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) y obligó al Ayuntamiento de Donostia a proteger los cuarteles de Loiola. Más en concreto, ordenó que este conjunto de edificios sea incluido en el grado IV del Peppuc. La asociación de defensa del patrimonio Áncora también había pedido la protección del conjunto en sus alegaciones al citado documento.
La sentencia afecta a los planes del Ayuntamiento de Donostia, que lleva años intentando comprar los terrenos de los cuarteles de Loiola para crear un nuevo barrio junto al Urumea, con varios miles de viviendas, un 40% de las cuales serían de protección pública.
Sin embargo, tras un largo periodo de negociaciones, y cuando parecía que existía un consenso interinstitucional para la venta de los terrenos al Consistorio, el recurso de Vox ha puesto en cuestión la transformación del solar para viviendas.
En los recursos contra la sentencia que obliga a proteger el complejo de los cuarteles, que se presentaron el último día de plazo, el 27 de septiembre, cada institución expone sus razonamientos.
Por una parte, el Ayuntamiento donostiarra recuerda que los cuarteles de Loiola no habían sido objeto de protección anterior y tampoco se había debatido su inclusión en el Plan de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) porque nadie lo había solicitado. Vox “no había solicitado la inclusión de los cuarteles en el proceso de modificación” del Peppuc “ni tampoco combatió el ámbito de la revisión legitimamente acordado por el Ayuntamiento”, dice el recurso municipal.
Así, considera que la sentencia incurre en un “exceso de jurisdicción” porque incluye “sin procedimiento previo” los cuarteles de Loiola en el documento de protección, pero al ordenarse sin ningún tipo de trámite previo ha privado al Ayuntamiento de exponer su opinión sobre la eventual protección.
También el Ministerio de Defensa expone su rechazo a la sentencia y considera que “infringe el ordenamiento jurídico”, entre otras cuestiones, porque defiende que el Estado, como propietario del complejo militar, debería haber sido emplazado en el pleito ya que es “titular del bien afectado por la sentencia”.
El emplazamiento, dice el recurso del Estado, es “esencial para una correcta formación de la relación jurídico procesal” para que los interesados puedan tomar parte en el recurso. “Estaban al tanto de un hecho notorio y evidente cual era la titularidad estatal del inmueble del que se trata, pese a lo cual la sala no ordenó la práctica de emplazamiento personal alguno, ni dio trámite de audiencia en ningún momento” al Ministerio de Defensa, lo que considera fuera de la legalidad.
