Donostia. El proyecto de metro a su paso por Donostia, cuyos últimos tramos fueron adjudicados el 4 y el 24 de octubre, contempla la creación de una boca de acceso en la calzada de la calle Matia, de El Antiguo, lo que obligaría a peatonalizar este eje urbano. Asimismo, prevé restar uno de los tres carriles de circulación del paseo de La Concha durante los tres años que durarían las obras. Estas son algunas de las afecciones de las obras previstas que Bildu considera "inasumibles", según la carta que remitió al departamento de Transportes del Gobierno Vasco el pasado viernes.
Así lo señalaron ayer los concejales del Gobierno municipal de Bildu, Nora Galparsoro y Jon Albizu, que mostraron su contrariedad por no haber tomado parte en la discusión de los proyectos de ejecución de estas obras, que afectarán a numerosos puntos de la ciudad, y que condicionarán su movilidad de modo drástico. Los corporativos señalaron que el Consistorio sí puede opinar respecto a las afecciones de la obra, pero aseguraron que no pueden oponerse a los trabajos, ya que la obra ha sido catalogada de "interés general".
Galpasoro manifestó que la empresa ferroviaria ETS, dependiente del departamento de Transportes del Gobierno Vasco, no ha respondido a su petición de ampliación de plazo para ver cómo se pagarán las afecciones en el entorno urbano derivadas de las distintas bocas de metro previstas en los trayectos entre Lugaritz y La Concha, y entre este punto y la plaza Easo. Asimismo, lamentó que ETS hubiese dado a conocer en prensa los proyectos de los tramos antes de que la documentación oficial llegase al Consistorio.
"Un ejemplo es el reiterado requerimiento que les hemos hecho desde julio para que ETS presentase el proyecto del tramo Lugaritz-Antiguo, que finalmente ha llegado el 7 de noviembre", dijo la concejal, que criticó al viceconsejero de Transportes y concejal socialista donostiarra, Ernesto Gasco, por "decir públicamente que el Ayuntamiento había aceptado las afecciones que causarían las obras del tramo Easo-Antiguo, cuando era rotundamente falso".
Por otra parte, el concejal de Movilidad, Jon Albizu, preguntó públicamente al departamento de Transportes "quién pagará las pérdidas generadas por el cierre de dos de los accesos al parking de La Concha" durante las obras. También quiso saber si habrá indemnizaciones para la empresa de autobuses Dbus, que deberá alterar sus líneas y reducir viajeros a causa de las afecciones que los trabajos de creación de los túneles subterráneos acarrearán en numerosos puntos de la ciudad.
Según fuentes de Bildu, el Gobierno municipal considera que los socialistas han querido adjudicar las obras con prisas, antes de que finalice su mandato, razón por la que habrían evitado reuniones que Bildu considera necesarias para acordar los detalles de un proyecto de envergadura. El Ejecutivo de Izagirre, por otra parte, no cree que las obras puedan comenzar de modo inmediato, como preveía el departamento de Transportes, y sospecha que será el Gobierno Vasco en manos del PNV quien tendrá que decidir si seguir adelante con los proyectos adjudicados o paralizarlos. Esta opción obligaría a indemnizar a las empresas adjudicatarias de los tramos de obra civil (túneles).
