Donostia. El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha emitido una resolución en la que asegura que el Ayuntamiento de Donostia ha cumplido las normativas vigentes en cuanto a la reducción de los toldos de la playa de La Concha y no ha cometido irregularidades, aunque critica que la aplicación de la ley "podía haberse hecho de una manera más armoniosa y menos traumática".

El texto dictado el pasado mes de junio por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma Vasca es consecuencia de la queja elevada por un grupo de usuarios de toldos y sombrillas de la playa de La Concha, que se sintieron perjudicados por la administración local después de que ésta decidiese llevar a cabo este verano una drástica reducción de los toldos (40%) y de las sombrillas (100%) para hacer cumplir la Ley de Costas.

Los usuarios, muchos de ellos abonados desde hace décadas al servicio municipal de toldos, acudieron al Ararteko tras recoger unas 1.300 firmas en contra de la decisión del Ayuntamiento de suprimir la mitad de los parasoles de La Concha, como había pedido el Servicio de Costas de Gipuzkoa.

Según la resolución de Lamarca, "resulta comprensible y razonable el impacto que la decisión del Ayuntamiento ha producido en los usuarios, por la magnitud de sus consecuencias y por el modo en que ha comunicado la decisión a las personas interesadas".

Asimismo, añade que "no se encuentra ninguna razón que explique por qué veinte años después el órgano competente del Ministerio insta al Ayuntamiento a que reduzca de una manera tan drástica el espacio en el que pueden instalarse los parasoles". El Ararteko alude a que, a pesar de que la Ley de Costas impide que más de la mitad de la playa quede ocupada en marea alta por instalaciones de temporada, como los toldos, no es hasta este año cuando el Servicio de Costas ha exigido el cumplimiento estricto de esta normativa, que los grupos ecologistas venían pidiendo desde tiempo atrás.

sin documentación El Defensor del Pueblo lamenta también que la decisión municipal fuera comunicada a los abonados "de forma sorpresiva y en términos de irreversibilidad y ejecutada de forma inmediata, obviando la posibilidad de escuchar realmente a los ciudadanos afectados por la decisión y no facilitándoles la documentación que fundamentaba la medida".

Los argumentos del Ararteko coinciden con algunos de los expresados por los usuarios de toldos que no deseaban verse privados del servicio. "Para muchas familias que cuentan con personas mayores que tienen limitada su autonomía y con niños, el uso de un parasol situado durante años en el mismo lugar suponía un elemento de tranquilidad y seguridad, reforzado por el hecho de las relaciones existentes entre los usuarios de los parasoles colindantes, que ofrecían un elemento añadido a las tareas de vigilancia y la atención de las referidas personas", recuerda Lamarca.