- La facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, en colaboración con la Asociación de Jueces APM, la Fundación para la Magistratura y la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho ELSA, celebró el pasado lunes una jornada sobre la reciente reforma en relación a la eutanasia introducida por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia, que tiene como principal novedad la despenalización de la eutanasia activa y directa.
En la misma, representantes de la judicatura y del mundo académico pudieron compartir con los estudiantes de Derecho de Deusto sus impresiones sobre las implicaciones de esta novedad legislativa desde el ámbito del Derecho Penal, del Derecho administrativo, del Derecho constitucional y de la Filosofía del Derecho. La jornada contó con una mesa redonda en la que participaron Luis Ángel Garrido Bengoechea, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, y Santiago Romero Buck-Arstadt, magistrado del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Donostia. Además, desde el plano académico, ofrecieron también su visión el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, Emilio José Armaza Armaza, y el profesor de Filosofía del Derecho, Miguel Viguri Axpe.
Luis Ángel Garrido Bengoechea analizó los requisitos que introduce la nueva Ley Orgánica, entre los que se encuentran doce meses de residencia en España, una enfermedad grave e incurable, el consentimiento informado y la voluntad inequívoca de prestación de ayuda para morir. También versó sobre los supuestos de denegación del servicio y el procedimiento relativo al médico responsable.
Asimismo, analizó la aplicación de la figura de la objeción de conciencia a estos supuestos, que deberá formalizarse por escrito con la inclusión del profesional sanitario en una lista de objetores. Santiago Romero Buck-Arstadt, por su parte, apuntó que "la nueva normativa no despenaliza la eutanasia, sino que solo lo hace bajo ciertas condiciones". Comenzó su intervención indicando que España es uno de los países pioneros en su regulación, desde que Países Bajos lo hizo en primer lugar en 2002. Ahora bien, indicó que "se trata de una reforma que no ha sido sometida a demasiado debate parlamentario".
