Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018, la ultraderecha y la derecha extrema iniciaron una ofensiva sistemática contra el Gobierno legítimamente elegido. El Partido Popular y Vox, aliados en lo ideológico y en lo estratégico, han rechazado de plano los resultados democráticos, etiquetando al Ejecutivo como “ilegítimo”, “okupa” y deshumanizando a su presidente con discursos cargados de odio. Este rechazo constante al resultado de las urnas y alianzas no es oposición política: es un vil ataque directo al corazón de la democracia.
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En lugar de dialogar o proponer y construir alternativas, ambos partidos hermanados han encontrado en el odio y la antipolítica visceral un cemento eficaz para movilizar a sus bases. Y, bajo esta premisa, han convocado manifestaciones para sembrar crispación ciudadana y desgaste institucional. La connivencia entre una ultraderecha que se dice “moderada” y una derecha extrema que niega consensos básicos, resulta no solo antidemocrática, sino profundamente perjudicial para la paz social.
Cuando se normaliza el discurso del odio, se deslegitima el diálogo y se degrada la convivencia. Y eso es tan sumamente peligroso que, en democracia, jamás puede ser el camino.
