Más de 14.000 desahucios en 10 años. Por encima de 5.000 personas sin hogar. Las listas de espera de las viviendas de protección oficial rozan la cifra de 120.000 personas. En el otro extremo de la mesa, más de 100.000 viviendas vacías. Alrededor de 8.000 destinadas a usos turísticos, sin considerar las que no están registradas oficialmente. Y estos son solo datos de Hego Euskal Herria. Las estadísticas no son capaces de captar toda la complejidad de un tema como el de la vivienda. Sin embargo, los datos mencionados expresan una cosa de forma muy clara: la lógica que guía a esta sociedad no tiene por prioridad el satisfacer las necesidades básicas de toda la población. O, dicho de otro modo, el objetivo de las políticas de vivienda no es garantizar una vivienda de calidad para todo el mundo. Y es que el Estado, así como todos los partidos políticos integrados en su seno, obedecen a los dictados del negocio de la vivienda. ¿Cómo puede explicarse, si no, que ninguna de las medidas que adoptan ponga en duda las ganancias económicas de los propietarios? ¿Y cómo que, tras las enseñanzas de la burbuja de 2008 y en plena crisis tanto económica como ecológica, la apuesta vuelva a pasar por la construcción masiva de viviendas?

Políticos de todos los colores nos repiten la misma idea: hay que cebar el negocio de la vivienda para que, de esa forma, los de abajo podamos saciar nuestro apetito a partir de sus sobras. Se trata de una política de migajas de pan, sometida a las necesidades de la rentabilidad. Y ya se sabe quién se queda siempre al margen de este reparto de migas: los sectores más pisoteados de la sociedad. Prueba de ello es la moratoria que no prohibió los desahucios, o la nueva regulación que no se atreve a bajar los precios y solo plantea imponer ciertos límites a las subidas.

Quienes queremos romper con este esquema tenemos una cita importante en Bilbao el día 14 de diciembre. Esta sociedad dispone de recursos suficientes para garantizar a todo el mundo el acceso a una vivienda de calidad, de forma gratuita y duradera. El problema es que estos recursos son más rentables sirviendo a intereses especulativos: vacíos o destinados al turismo, por ejemplo. Lo que hay que cuestionar es la ganancia económica que genera este negocio. La solución no vendrá llenando los bolsillos de los especuladores; al contrario, hay que hacer frente a la situación a expensas de sus bolsillos. Por el derecho universal a la vivienda y contra el negocio y la complicidad de las instituciones, llenemos las calles.