Hay disposiciones y leyes que no solamente atentan al intelecto sino que deberían ser abolidas ipso facto por su sinrazón, por su falta total del sentido común y las nefastas consecuencias que acarrean. Si ocupan mi vivienda, no se les puede desalojar porque sería delito pero ellos no incurren en ningún ilícito penal al ocupar mi vivienda, incluso debería abonarles la factura de la luz. Está tan fuera de la realidad la situación que tiene uno que afrontar a continuación, que relatarla ya resulta ardua. A este paso creo que vamos directos a reescribir la película La Ciudad sin Ley. Los políticos que legislan para que nuestros derechos de vivienda no sean reconocidos y se conviertan en papel mojado, no pueden ser acreedores de nuestro reconocimiento y ojalá dejen de ostentar el cargo al que nunca debieron acceder, porque la defensa del absurdo no admite razonamientos ni comentarios.
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