La nueva estrella mediática del Tardofranquismo Judicial, el juez de la Audiencia Nacional, García-Castellón, habría imputado a Puigdemont y a Marta Rovira y al llamado “estado mayor del procés” por un presunto delito de terrorismo por su implicación en la puesta en marcha en 2019 de la plataforma Tsunami Democrátic, acusándole de ser responsable de organizar protestas masivas, desórdenes y atentados contra bienes públicos para protestar por las condenas del procés.
El juez García-Castellón, habría iniciado el sumario basándose tan sólo en sospechas y presunciones contando tan solo como prueba con un informe elaborado ex profeso por la Guardia Civil, aplicando en consecuencia la llamada “investigación prospectiva” (prohibida en el Estado español).
Sin embargo, a pesar del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el que sostiene que “no existe delito de terrorismo sino desórdenes públicos, por lo que la Audiencia Nacional no sería competente en este caso”, el juez Castellón habría continuado con la instrucción del caso y habría declarado una prórroga de 6 meses para concluir dicho sumario.
La otra pata de la Operación Pinza contra Puigdemont sería la reactivación por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre del caso Voloh o trama rusa quién ha prorrogado 6 meses más la instrucción de dicho caso e insiste en el apoyo “económico y militar” de Rusia al expresidente catalán al que podría acusar de “un delito de traición”.
En consecuencia, Puigdemont se habría convertido de facto en un rehén en manos de ambos magistrados que buscarían impedir la presentación de Puigdemont como candidato a las elecciones europeas de junio, con lo que Puigdemont perdería su condición de parlamentario y su inviolabilidad, momento que aprovecharía el juez Llarena para emitir una nueva euroorden que facilite su detención, extradicion y posterior juicio, pues Puigdemont sería “ la ballena blanca que Llarena lleva años intentando cazar”.
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