Dos casos contra Google y Twitter pueden decidir el futuro de Internet. Ambas demandas han sido interpuestas en el Tribunal Supremo de Estados Unidos por familiares de víctimas de ataques terroristas, que acusan a dichas plataformas de utilizar los algoritmos para avivar la violencia en las redes sociales y promocionar material del ISIS. Todo esto es consecuencia de la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, un estatuto aprobado en 1996 que permite a las grandes tecnológicas moderar el contenido que comparten sus usuarios en la red, pero sin asumir la responsabilidad de lo que publican. Los nueve magistrados del Tribunal Supremo que están conduciendo los casos han reconocido, entre carcajadas, no ser unos entendidos de la materia. Las tecnológicas, por su parte, alegan que es imposible controlar todo lo que cuelgan los usuarios y que hay que usar algoritmos. Pero los algoritmos también se equivocan. Sin duda, estos casos han puesto en tela de juicio la transparencia de estas plataformas y afirmado, una vez más, que la tecnología avanza muy por delante de la legislación. Al menos en Estados Unidos ha habido una intención de legislar.
