Dentro de las democracias occidentales, el Estado español marca la legislación más restrictiva en lo referente a iniciativas legislativas populares que dan curso a la celebración de referéndums vinculantes.
El nuevo artículo 135.3 que se pretende incluir en la Constitución, únicamente con el consenso político mayoritario, supone un endoso de la soberanía del Estado en materia financiera a favor (en última instancia) de entidades privadas europeas. Una forma de vaciar las arcas públicas nacionales para llenar las privadas comunitarias.
Atenta contra la democracia en la forma y es un flagrante embargo de bienes sociales, pues conlleva sacrificar derechos básicos de la parte más precarizada de una comunidad productiva, para "salvar" un sistema no productivo, de beneficio creciente y nada regenerado.
"Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública... su pago gozará de prioridad absoluta". Este texto del citado artículo supone el sello a lo que estableció el Gobierno en el Real Decreto 6/2008 del BOE, el 14 de octubre de 2008: prestar a los bancos 31.500 millones de euros al 3,37% de interés, a devolvernos "cuando las condiciones del mercado mejoren". Pocos sabemos que el Gobierno ha pedido un préstamo a esos bancos por la misma cantidad al 5% de interés, lo que supone devolverles 500 millones al año. Todo con nuestro dinero y a cambio de una creciente pérdida en la calidad y seguridad de vida de la mayoría.
¿Cómo es que llegan tan lejos? Si el único mecanismo de pedirles cuentas es que nos dejan votar un día cada cuatro años, lo que nos darán es: "Mamá, ¿qué toca comer hoy, carne o pescado? Ni pescado ni carne hijo, pues toca pagar la hipoteca". La cárcel sin puerta.
En Islandia y Letonia los ciudadanos han decidido quitar la custodia a unos padres tan irresponsables y de marcado desafecto hacia sus hijos. Hoy recuperan su economía y dignidad ciudadana.
