Vamos a ver si decimos las cosas como son. La AN es un tribunal de excepción, heredero directo del tristemente famoso TOP del franquismo. Esto no tiene discusión posible. Sus instructores en general, y el juez Garzón de modo muy particular, han venido gozando de una amplísima bula, tanto por los políticos como incluso por el estamento judicial, para interpretar las leyes y las normas procesales de forma no menos excepcional por no decir arbitraria, siempre que ello sirviese a la causa nacional de combatir a ETA y en general al independentismo vasco por todos los medios, incluso retorciendo las normas más allá de lo jurídicamente aceptable y tomando como pruebas cosas que sonrojarían a un verdadero jurista y demócrata, frecuentemente obtenidas por métodos jurídicamente inaceptables cuando no mediante tortura. Mientras Garzón se ha limitado a esto todo ha ido bien. Lo malo es cuando ha tratado de extender estos procedimientos "excepcionales" a asuntos que afectan a los dos partidos que conforman el poder, PP y PSOE, y nada digamos al tratar de utilizarlos para investigar el franquismo. Sencillamente le han parado los pies, recordándole que esos poderes excepcionales que ha disfrutado, disparatadamente por encima de los que corresponderían a un juez de instrucción en una democracia, tenían un solo fin específico: combatir el "problema vasco". Simplemente le castigan por salirse del guión marcado. ¿Alguien creyó que la tan supervalorada transición española fue otra cosa que un monumental engaño?

Difícilmente podrá entender la ciudadanía de Orereta que aquellas personas a las que han elegido para que gobiernen el municipio y velen por su salud y la mejora de su calidad de vida, renuncien a esa competencia y a esa responsabilidad, en favor de otra institución (Diputación) que, como es evidente, está más alejada de los habitantes de Orereta y tiene otros intereses más generales que los de éstos.

Estos señores, anteponen los intereses que sus partidos defienden en otras instituciones, a los intereses de las vecinas y vecinos a los que representan, convirtiendo el Ayuntamiento en una mera herramienta al servicio de los intereses de la Autoridad Portuaria y Diputación, permitiendo prácticas que van en contra del medio ambiente y de la salud.

El señor Merino y los que le prestan su apoyo saben perfectamente que la renuncia a las competencias que tienen sobre el 6% del puerto impide, de hecho, el ejercicio de las competencias que tienen Donostia, Lezo y Pasaia que suponen un 94% del puerto. La Diputación y la Autoridad Portuaria utilizan al señor Merino y a sus colaboradores para impedir que otros municipios puedan ejercer sus competencias, puesto que al no haber acuerdo entre los cuatro municipios, será la Diputación la que asuma éstas.

La decisión que el señor Merino y sus colaboradores necesarios, PNV y H1!, toman en nombre del Ayuntamiento de Orereta representa un ataque al clima de colaboración y lealtad institucional que debe guiar la actuación de todas las instituciones públicas, y puede suponer el inicio de una confrontación institucional de negativas consecuencias para la ciudadanía de los municipios implicados.