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El 58% de las empresas en el Estado español ya utilizan IA

El mayor argumento de quienes no usan esta herramienta es su desconocimiento sobre ella

El 58% de las empresas en el Estado español ya utilizan IAFreepik

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en las del Estado español. Según los datos brutos extraídos de la última Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y del comercio electrónico en las empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), y analizados esta semana en un detallado informe del sindicato UGT, el 58,2% de las grandes empresas del país español—aquellas que superan los 250 trabajadores— ya utilizan de forma activa esta herramienta.

Este dato del INE representa un avance histórico si lo comparamos con el 36,8% registrado por el mismo organismo estadístico en 2021. Pero el salto no es exclusivo de las gigantes corporativas. Si abrimos el foco al total del tejido empresarial nacional (empresas de 10 o más empleados), la adopción generalizada se ha disparado hasta alcanzar el 21,1%, multiplicándose por 2,5 en los últimos cuatro años según las cifras oficiales. Incluso las microempresas (menos de diez trabajadores) han despertado, duplicando su uso del 7,5% al 13,4% interanual.

El gran catalizador de esta transformación para las pymes ha sido el programa Kit Digital, que ha inyectado 1.356 millones de euros de inversión pública.

Sigue siendo un desconocido

A pesar de este crecimiento exponencial, hay un amplio sector que todavía observa la IA desde la barrera. El análisis publicado por UGT desglosa los motivos exactos que estas empresas han declarado al INE. De quienes aún no usan IA, un aplastante 81% reconoce que su principal freno es la "falta de conocimientos".

A este déficit formativo detectado por el sindicato se suman otras preocupaciones corporativas de peso. Entre ellas, el miedo a vulnerar la privacidad y la protección de datos lidera las reticencias con un 53,6%, seguido muy de cerca por la incertidumbre jurídica y el temor a posibles consecuencias legales derivadas de la normativa (52,9%). Finalmente, la percepción de que la implementación exige una inversión económica inicial demasiado alta sitúa a los costes como el tercer gran freno para el 48,3% de las compañías.