- El Parlamento Europeo dio ayer el pistoletazo de salida a la revisión del acuerdo del brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido con la intención de poder dar en febrero o marzo su visto bueno definitivo, mientras Bruselas espera mayores complicaciones en la aduana en las próximas semanas o meses.

“Hasta ahora no hemos tenido aparentemente problemas enormes en las fronteras, pero los desafíos están todavía ahí”, advirtió el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en un debate sobre política aduanera con la comisión de Mercado Interior de la Eurocámara coincidiendo con el inicio del examen del acuerdo.

Un examen que será concienzudo, ya que el Parlamento “se tomará su tiempo para revisarlo todo bien”, dijo uno de los eurodiputados encargados de elaborar el informe de la Eurocámara, Christophe Hansen, quien apuntó que la Eurocámara pretende votar a finales de febrero o a mediados de marzo, dependiendo de si la aplicación provisional, actualmente fijada hasta el 28 de febrero, puede extenderse unos días o no.

El acuerdo cumple “completamente” con el mandato que dio la Eurocámara, según el director en funciones de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Leon Delvaux, pero se quedó corto, dijo, en áreas como la participación del Reino Unido en el programa Erasmus Plus o el intercambio de servicios, especialmente financieros.

Por el contrario, aplaudió que en el comercio de bienes se eliminen los aranceles y las cuotas, evitando así una situación complicada para sectores como el agrícola.

El reto era “asegurar un acceso de alta calidad al mercado británico para las compañías europeas sin poner en riesgo la integridad y la autonomía del mercado único”, explicó el representante de la Comisión.

Este alto funcionario compareció ante la comisión de Comercio Internacional, una de las dos, junto a Exteriores, que tienen la competencia del escrutinio, mientras que otros representantes del Ejecutivo comunitario lo hicieron a lo largo del día en las comisiones de Pesca, Transporte o Asuntos Económicos.

En la comisión de Pesca, eurodiputados de distintos grupos políticos pidieron a Bruselas aclaraciones sobre muchos de los puntos del tratado pesquero, al tiempo que insistieron en que las disposiciones sobre pesca no parecen garantizar la seguridad y estabilidad que necesita el sector.

La responsable de la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, trató de tranquilizar a los parlamentarios asegurando que lo pactado dará cinco años y medio de estabilidad garantizada a la flota europea, que podrá seguir faenando en aguas británicas, aunque al final de ese periodo se habrán reducido sus capturas.

“Sabemos que impactará al sector pesquero, pero será progresivo”, dijo la representante de la Comisión, que indicó además que la reserva de ajuste prevista para responder al impacto del brexit tiene previsto destinar 600 millones de euros a los pescadores afectados.

El acuerdo también prevé que las aerolíneas británicas podrán usar la UE como destino u origen de vuelos al Reino Unido, pero no programar conexiones intracomunitarias. En cuanto a la propiedad y control de las compañías, estas pueden volar dentro de la UE “si son compañías británicas controladas por nacionales comunitarios”.

El acuerdo, fuera del ‘brexit’. Los servicios financieros y la lucha contra el blanqueo de capitales se quedaron fuera del marco del brexit, por lo que las firmas británicas no pueden prestar servicios financieros en la UE a menos que la Comisión adopte una decisión de equivalencia. Es decir, que considere que la regulación británica ofrece garantías equivalentes a la comunitaria. Estas solo permiten operar en un sector concreto y por un tiempo limitado.

El director general de Servicios Financieros de la Comisión, Almoro Rubin de Cervin, destacó esta capacidad para poder conceder la “equivalencia”.