l Gobierno español acaba de aprobar el techo de gasto para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2021. La apuesta supone un incremento del gasto público sin precedentes de más del 50% hasta los 196.000 millones de euros. Antes de iniciarse la crisis de la COVID-19, el Ejecutivo de Sánchez preveía gastar 127.609 millones de euros para 2020, un 3,8% más que el año anterior. Este enorme desfase se justifica por la necesidad de reactivar la actividad económica y con el fin de no mermar las coberturas sociales del Estado del Bienestar. Las cuentas se defienden en base a la llegada de los 140.000 millones de euros que corresponden a España del Plan de Reconstrucción europea. El problema estriba en la propia naturaleza del llamado "Next Generation EU" y en los plazos en que dichas ayudas y préstamos llegarán a las arcas del Estado español. No tener en cuenta que ese dinero se concede condicionado a proyectos de futuro y que aún queda un tortuoso camino para su aprobación final, es sencillamente hacerse trampas en el solitario.

A estas alturas todos deberíamos tener claro la función del enorme esfuerzo de inversión pública que suponen los 750.000 millones de euros del Plan de Reconstrucción de la UE descansa en tres pilares: instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis; medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades y, en tercer lugar, refuerzo de los programas clave de la UE para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital. Traducido al lenguaje del común de los mortales quiere decir que no se puede gastar el dinero en lo que tú quieras, sino en lo que todos los europeos queramos porque somos todos los que nos estamos endeudando para dos generaciones. Lo que se pretende es transformar el modelo socioeconómico, de producción y consumo, salvaguardando la cohesión social.

Un segundo condicionante a tener en cuenta es la necesidad de acompasar estas ayudas con reformas estructurales que garanticen a medio y largo plazo el equilibrio de las economías europeas. De nada vale gastar si no se reformulan partidas que claramente son ya insostenibles. Reformas del sistema de pensiones o del mercado laboral serán demandas seguras por parte de Bruselas para abrir el grifo de las ayudas. De alguna manera estaríamos llenando la bañera sin poner el tapón, lo que supone derrochar el doble de agua para lavarnos. Sin una política económica integral que analice la sostenibilidad de todos sus elementos lo único que haremos es convertir lo que debe emplearse como inversión pública en mayor gasto corriente despilfarrado. Lo mismo puede decirse de la reforma de la política fiscal. Los ingresos derivados de los impuestos o las tasas no son un recurso infinito, dependen de forma directamente proporcional de la actividad económica, en estos momentos contraída a niveles cercanos al 20% del PIB. O se genera más riqueza o difícilmente podremos reducir las brechas y desigualdades sociales.

Por último, no podemos olvidar que de los 140.000 millones de euros, solo la mitad son subvenciones directas. El otro 50% son préstamos con intereses, es decir, computan como deuda y emplearlos supone un auténtico rescate de la economía española con el consiguiente castigo que ello podría tener en los mercados de la deuda. Hasta ahora el Tesoro español está colocando su deuda a largo plazo con la prima de riesgo baja, gracias a la política del Banco Central Europeo de compra ilimitada de los bonos que emiten sus Estados miembro. Pero como ha advertido el ex presidente Mario Draghi y su sucesora en el cargo, Christine Lagarde, la oferta monetaria tiene un límite y ese no es otro que la estabilidad de las economías de la zona euro. En estos momentos la política monetaria europea pende de un hilo si no se corrigen los graves desequilibrios de las cuentas de los Estados. En todo caso, conviene decirle a los ciudadanos que la deuda, tarde o temprano se tiene que pagar, lo cual no debe conducir al error de las políticas de austericidio empleadas en las crisis de 2008. Pero tampoco a pensar que el maná caerá del cielo. Las ayudas europeas suponen la mayor oportunidad de la historia para cambiar la estructura económica de la UE y muy especialmente de España. Si se malgastan habremos derrochado el futuro posible de nuestros hijos.