El pago por uso se impone en la red viaria vasca para los vehículos pesados de transporte de mercancías. La nueva corriente normativa que busca hacer efectivo el principio de quien contamina paga sigue calando en Euskadi. Buena parte de los estados de la Unión Europea llevan años aplicando el canon en las carreteras de alta capacidad y, tras un sinuoso camino, con varias sentencias judiciales en contra, Gipuzkoa ha abierto la senda a la implantación en el Estado de la directiva europea.

Navarra ha sido la última en plantear el primer modelo de cobro exclusivo para el transporte antes de fin de año. Estudia hacerlo en el puerto de Etzegarate, para lo cual el Gobierno foral tendría previsto aprovechar el arco instalado por Gipuzkoa en este punto de la N-I, un extremo que no confirma el Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, al no haber recibido "ninguna solicitud oficial" al respecto.

  • Lea más: El Gobierno vasco defiende que "algún modelo de peaje" es necesario en las carreteras vascas

De instaurarse, abriría un mecanismo contemplado para otras cuatro vías: A-68 (autovía del Ebro); A-10 (autovía de Sakana); A-15 (autovía de Donostia) y la N-121-A. Navarra pasa a regirse así por el criterio utilizado en Gipuzkoa, a la espera de los resultados del informe encargado para justificar ante la Unión Europea el canon al transporte sin ninguna fisura legal, que ha provocado la revocación en dos ocasiones de los peajes en el territorio.

MANTENIMIENTO Y ARMONIZACIÓN

El objetivo pasa por obtener ingresos para afrontar el mantenimiento de la red viaria y armonizar la regulación con Europa. Entre otras razones, el cuidado del medio ambiente y la implantación de políticas sostenibles pasan por el pago por uso. Euskadi y Navarra avanzan así hacia el nuevo canon al transporte en las carreteras vascas, al menos para los vehículos pesados, como ocurre también en Bizkaia, que acaba de recibir al aval europeo para cobrar peajes a transportistas en cinco tramos del territorio.

La propuesta del Gobierno foral prevé la implantación gradual de arcos free flowdestinados exclusivamente al pago para los camiones de más de 3,5 toneladas en la N-240, la BI-625, la N-636, la autovía A-8 y el corredor del Txorierri.

El objetivo, aplicar el canon en la red viaria con más tráfico de vehículos, aunque no sean autopistas. Un paso sin precedentes que penaliza económicamente a vehículos pesados en vías que son carretera convencional, sin doble carril, con el fin de que los camioneros desvíen sus rutas a la autopista.

La aprobación del anteproyecto se ha llevado a cabo después del pronunciamiento favorable de la Comisión Europea. La Diputación de Bizkaia ya había avanzado que la tramitación de la propuesta sólo proseguiría "si se hacía con todas las garantías y seguridad jurídica para evitar cualquier discriminación directa o indirecta, por cualquier motivo, a la hora de la identificar los tramos, colocar los arcos de control y establecer las cuantías del canon". Con la luz verde europea el anteproyecto seguirá su tramitación en las Juntas Generales, siguiendo el mismo camino emprendido por Gipuzkoa en enero de 2018.

EL REFERENTE GUIPUZCOANO

Fue entonces cuando se establecieron peajes por primera vez a camiones en la N-I y la A-15, que actualmente han quedado en stand by. Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron en diciembre la tercera normal foral, después de que las dos anteriores fueran anuladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), lo que obligó a la Diputación Foral de Gipuzkoa a dejar de cobrar el peaje el pasado mes de octubre.

La nueva norma, que entrará en vigor en 2023, se plantea para superar el rechazo de la justicia española al sistema implantado en el territorio. El peaje foral cobrará por la totalidad de la N-I y por los tramos de la A-15 que pasan por Gipuzkoa. Es decir, 76,35 kilómetros estarán bajo peaje en lugar de los 19,18 kilómetros que se están cobrando ahora.

El sistema contempla cuatro arcos, tres de ellos en la N-I (Itsasondo, Tolosa y Lasarte-Oria), que se añaden a los de Etzegarate, Andoain y Astigarraga, y uno en la A-15, cerca del túnel de Ondoilar.

De este modo, todas las vías de alta capacidad, autovías y autopistas que conforman el anillo denominado como rotonda de Gipuzkoa (AP-8, AP-1, A-15, N-I y A-636), contarán a partir del año que viene con su propio peaje, algo que incluso podría haberse materializado antes de no haber sido por los importantes retrasos en las obras de la autovía de Deskarga (A-636), entre Antzuola y Bergara.

TRANSPORTISTAS: CONCENTRACIONES DE PROTESTA

Los transportistas autónomos del sindicato Hiru han protagonizado varias movilizaciones de protesta para reiterar su rechazo a la penalización económica, como la de reciente implantación en la A-636 (Beasain-Bergara) y contra el proyecto de canon en el tramo guipuzcoano de la A-15 y en toda la N-I.

La Diputación argumenta que con esta medida se quiere evitar "la discriminación que, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contenían las dos normas forales anteriores". También viene motivada por la necesidad de adecuar la normativa "a las políticas de la mayoría de los estados de la Unión Europea, que llevan años con el pago por uso en las carreteras de alta capacidad".

Así, mantendrá la tarifa por kilómetro actual, es decir, 0,22 euros por kilómetro recorrido para los camiones entre 3,5 y 12 toneladas, y 0,28 euros para los vehículos de más de doce toneladas, lo que supondrá un mayor gasto para los transportistas que vayan por la N-I y la A-15, ya que con esta tercera norma foral deberán pagar por todos los kilómetros recorridos.

EL DEBATE LLEGA A ARABA

El debate también está abierto en Araba, donde la Diputación ha creado una ponencia en Juntas Generales para estudiar cómo afrontar los gastos de mantenimiento de carreteras y su adaptación a la corriente normativa que en Europa está cobrando al transporte pesado.

Araba multiplicará en 2026 las vías de alta capacidad que gestiona. Ese año expira la concesión de la AP68 y la Diputación asumir la gestión y mantenimiento de los 55 kilómetros que está vía tiene en Araba.

Al igual que el resto de territorios vascos, ha iniciado un periodo de reflexión sobre las diferentes alternativas de gestión para mejorar la eficiencia en el mantenimiento y conservación de las vías de alta capacidad, "y establecer un sistema de financiación más solidario en lo social y medioambientalmente sostenible".