- La Audiencia de Gipuzkoa acoge este mes el juicio contra dos personas a las que se acusa de haber obtenido ilícitamente más de 600.000 euros mediante la emisión de facturas falsas a través de una empresa con domicilio social en Zizurkil.
Una de las encausadas, M.A.S.G., se enfrenta a una petición de condena de más de seis años de prisión por unos hechos que, según el Ministerio Fiscal, son constitutivos de tres delitos: uno continuado de falsedad en documento oficial y mercantil; otro societario, y un tercero de apropiación indebida. Para el segundo encausado la Fiscalía solicita quince meses de prisión.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, la empresa guipuzcoana presuntamente utilizada para materializar el "acuerdo depredatorio entre ambos encausados" se constituyó en marzo de 2010. El objeto social de esta firma eran reparaciones y montajes eléctricos en todo tipo de maquinaria y edificaciones.
Unida a esta causa se ha investigado a una segunda empresa que fue dada de alta en noviembre de 2001 y que fijó inicialmente su domicilio social en la localidad de Anoeta, para trasladarla después a Zizurkil. La Fiscalía sostiene que no consta actividad alguna de esta segunda firma, ya que "fue utilizada por los encausados para confeccionar facturas totalmente falsas" por trabajos "inexistentes".
El escrito de la Fiscalía detalla que, a fin de justificar y cuadrar las cuentas de la empresa de Zizurkil presuntamente utilizada con ánimo de lucro, los encausados incluyeron diferentes cantidades en el concepto de compras del modelo 347, de gestión de impuestos indirectos.
El perito judicial señala en su informe económico que esta firma se vio en la necesidad de solicitar concurso de acreedores debido a la "total descapitalización de la que fue objeto por parte de los encausados".
El escrito detalla otros mecanismos utilizados presuntamente por los encausados para su enriquecimiento. "Con relativa frecuencia, M.A.S.G. presentó a descuento bancario unas veces facturas totalmente falsas, y otras veces sobre operaciones reales pero a las que deliberadamente aumentaba el nominal", sostiene el Ministerio Fiscal. En suma, según el informe de la causa realizado por el perito judicial, las cantidades "de las que ilícitamente dispusieron los encausados, o bien fueron consecuencia de su desmedido ánimo de lucro", ascienden a 657.396,05 euros.
El perito judicial señala que la empresa presuntamente utilizada tuvo que ir a concurso de acreedores por la descapitalización
