- Cinco de los seis detenidos en 2018 en el marco de la operación antidroga Volcano, acusados de integrar una banda que traficaba con estupefacientes en Donostialdea, han sido condenados a cuatro años y medio de cárcel, pena que ha ascendido hasta los cinco años para el quinto integrante del grupo.
Según informaron fuentes del caso, los procesados, cinco hombres y una mujer, reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía durante el juicio por este asunto celebrado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.
Estas seis personas fueron detenidas en diciembre de 2018 en el marco de una operación durante la que la Ertzaintza registró además distintas viviendas en Donostia y en Lasarte-Oria, así como varios locales, un garaje y un bar en los que fueron incautados más de medio kilo de cocaína pura, con un valor estimado de 32.000 euros, y 4,1 kilos de sustancia para cortar la droga.
En la inspección de estos inmuebles, los agentes también encontraron más de 50.000 euros en metálico, así como distintas balanzas de precisión, numerosos teléfonos móviles, una pistola simulada, un arma eléctrica, y varias agendas con anotaciones, entre otros efectos. La Fiscalía imputó a todos los procesados un delito contra la salud pública en concurso real con un delito de integración en grupo criminal, con la agravante de reincidencia en el caso de uno de los varones, por lo que inicialmente solicitó para los imputados penas que iban desde los cinco años y tres meses de cárcel hasta los seis años y nueve meses de prisión.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los procesados actuaban “de manera conjunta” en una “estructura criminal” dedicada a la “adquisición, venta, adulteración, empaquetado y distribución de cocaína a terceras personas”, si bien tres de ellos ocupaban “una posición preponderante” sobre los otros tres, quienes llevaban la droga hasta “el consumidor final”.
La banda utilizaba un domicilio del barrio donostiarra de Egia como “laboratorio para la fabricación, manipulación y empaquetado de la cocaína”.
El documento aclara que, en este mismo lugar, los imputados recibían diversos “alijos de cocaína en embalajes que tenían incorporado un logotipo con la identificación del proveedor” y que se almacenaban posteriormente en la vivienda.
