- Ante uno de los mayores jaques a los Servicios Sociales de la historia provocado por la crisis del covid-19, la CAV y Navarra han podido aguantar la embestida mejor que otras comunidades, al contar con sistemas que destinan más recursos a las personas más vulnerables a los efectos de esta pandemia. Los mayores, las personas con discapacidad o las que sufren de una mayor vulnerabilidad económica pudieron percibir la ayuda de los mejores Servicios Sociales del Estado, con una calificación de Excelente y una nota de 7,95 en el caso de la CAV y de 7,90 para Navarra. Así lo manifiesta el índice DEC, un estudio realizado por la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que analiza 25 indicadores distintos provenientes de fuentes acreditadas como el Instituto Nacional de Estadística, el Imserso, el Ministerio de Hacienda o el de Derechos Sociales, desde donde se recogen datos encuadrados en tres ejes: reconocimiento de derechos y ordenación en el sistema -eje D-, la relevancia económica -E- y la cobertura efectiva de prestaciones y servicios -C-.
Atendiendo a los mismos la entidad, experta en el sector, arroja unas conclusiones que dan un serio tirón de orejas a varios territorios como Madrid, Murcia, Canarias y Cantabria, los cuales cuentan con un sistema de Servicios Sociales que consideran “irrelevante”. Estas cuatro comunidades, junto a otras siete, empeoran sus datos respecto al año anterior.
Pero el caso de Euskadi se encuentra en el plano completamente contrario y un año más, este territorio sigue siendo el mejor valorado en el desarrollo de su sistema público de Servicios Sociales, superando su propia calificación de los cuatro años anteriores, y rozando el máximo alcanzado en 2015 -8,05 puntos-. La nota de 2020 mejora en 0,75 puntos la de 2018 -en 2019 no hubo calificación- logrando además la segunda puntuación más alta desde que se comenzase a elaborar este informe en 2012.
En la elaboración de este estudio la organización destaca varios puntos fuertes, en especial en el apartado D, referente al reconocimiento de derechos y ordenación en el sistema.
En él se destaca que Euskadi cuenta con una ley que garantiza derechos ciudadanos y un catálogo que los desarrolla. Dispone también de planificación estratégica. Asimismo, tiene integrado el sistema de atención a la dependencia en su sistema de Servicios Sociales, con la implicación y el protagonismo de diputaciones forales y municipios.
Respecto a la relevancia económica (eje E), el trabajo subraya que este aspecto de los Servicios Sociales de la CAV sigue siendo “muy importante, siempre por encima de la media estatal”. No obstante, en términos absolutos, dos de los tres indicadores del eje registran un retroceso respecto al año anterior. Se trata, en concreto, del gasto por habitante y año que con 688 euros por habitante, supera ampliamente la media estatal de 406,3 euros, y ha registrado una importante recuperación desde que en 2013 los recortes tocaron fondo. Sin embargo, el dato de 2019 supone una quiebra en este incremento respecto al año anterior, ya que en 2018 se alcanzaron los 703,7 euros por habitante.
Otro indicador que se contrae es el porcentaje del gasto de las administraciones públicas sobre el PIB de Euskadi. En este caso, aunque también muy por encima de la media estatal -2,06% frente al 1,60%-, la CAV está viendo retroceder desde 2011 su porcentaje de gasto respecto al PIB: en 2011 ese porcentaje era del 3,14%, en 2018 ya solo de 2,14%, y en 2019 baja al 2,06%. Por el contrario, el porcentaje del gasto en Servicios Sociales sobre el total del gasto corriente de las administraciones públicas alcanza el valor más elevado de toda la serie, con 13,69%, por encima de la media estatal (9,95%) y superando el dato del año anterior, que fue de 9,36%.
En el último capítulo, referente a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios -eje C-, Euskadi destaca especialmente en la atención a la dependencia, las rentas mínimas de inserción, las plazas residenciales públicas para personas mayores, los servicios para personas con discapacidad, las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y las plazas de alojamiento para personas sin hogar.
En el caso de la Comunidad Foral Navarra, el informe le otorga un 9 en derechos reconocidos, un 9,7 en esfuerzo económico y un 6,6 en estructura. A pesar de esta última nota, resalta que “la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales en Navarra ha evolucionado positivamente desde 2012”, algo logrado especialmente “incrementando la cobertura de sus servicios y prestaciones”, lo que ha supuesto “mejorar la eficiencia del sistema, al equilibrar la línea de cobertura con la de relevancia económica, que constituía su desequilibrio de partida”.
