Gipuzkoa registró el año pasado 15 homicidios consumados o en grado de tentativa

Las Unidades de Valoración Forense detectan un preocupante incremento del maltrato habitual en los hogares

13.09.2021 | 00:36
Retratos robot elaborados con el programa utilizado por la Policía Científica, con base en Erandio. Foto: Efe

donostia – El criminal busca intencionadamente el resultado de muerte para su víctima. Es lo que se conoce como homicidio doloso. Gipuzkoa registró el año pasado un total de quince acciones criminales de estas características, bien consumadas o en grado de tentativa.

Son dos más que en 2019, a pesar del descenso acusado de los delitos leves y menos graves que trajeron consigo el confinamiento, el cierre de actividades socioeconómicas o las limitaciones de movilidad perimetrales. Cinco homicidios pasaron por el tribunal del jurado, entre los que figura la celebración de un juicio por la muerte de una mujer mayor a manos de su hijo.

Son algunos de los datos que recoge la Memoria de la Fiscalía de 2020, que refleja la dificultad añadida que ha entrañado la pandemia este último año a la hora de mantener abiertas las investigaciones policiales para determinar la autoría de hechos delictivos. Estos recursos se vieron mermados por la mayor carga de trabajo derivada de nuevas tareas, como vigilancias de cuarentenas, restricciones de movilidad por cierres perimetrales o toques de queda.

Durante este tiempo, uno de los principales motivos de preocupación han sido los quebrantamientos de condenas y medidas cautelares. El año pasado se computaron 427 en Gipuzkoa, una cifra demasiado elevada teniendo en cuenta que se trata de situaciones en las que se rompe la medida de protección adoptada para distanciar al agresor de su víctima.

Se trata de actuar a la mayor celeridad para evitar que se perpetúe la violencia doméstica y de género. Por eso, los presuntos quebrantamientos de medidas cautelares son incoados como procedimientos de diligencias urgentes.

El 30% de las víctimas de violencia de género en Gipuzkoa son extranjeras. El documento de la Fiscalía precisa que el hecho de "ser mujer, foránea, y en situación irregular" alimenta la vulnerabilidad puesto que temen ser expulsadas a su país si denuncian a su pareja o ex-pareja por estos hechos violentos.

En Gipuzkoa durante el año pasado no se dictó ninguna sentencia condenatoria por un delito de violencia de género con resultado de muerte. Sin tener que llegar a lamentar tal desenlace, destaca de la memoria el incremento de un 115% del número de procedimientos incoados por maltrato habitual durante el año pasado.

Se entiende por tal, según una sentencia de febrero del Tribunal Supremo, aquella situación alimentada por un clima de "insostenibilidad emocional", que se crea por una "violencia psicológica de dominación" y que es ejercida mediante violencia física, verbal y sexual. Debido al incremento de procedimientos abiertos que respondían a esta casuística, la Fiscalía solicitó el año pasado un mayor número de informes a la Unidad de Valoración Forense Integral. Transcurre una media de cuatro meses hasta que se facilitan los resultados.

La memoria subraya la "fundamental labor" que están desempeñando psicólogos y médicos de las Unidades de Valoración Forense, encargadas de diagnosticar la afectación psicológica de la víctima de violencia de género, una de las principales pruebas del Ministerio fiscal para acreditar el delito de maltrato habitual y agresión sexual.

En Gipuzkoa, desde que una víctima de la violencia de género llega al Juzgado, se le proporcionan "todas las medidas necesarias para evitar la confrontación visual con el investigado", aislándole en una sala habilitada en la que se entrevista con su letrado y es llamada a declarar.

Antes de la pandemia, las partes declaraban en una sala multiusos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Tras la irrupción del covid-19, las declaraciones se realizan en las salas de vistas para poder mantener las distancias.

Se garantiza así que la víctima no se cruce en ningún momento con el investigado. Éste espera a ser llamado a declarar en el exterior de la sala de vistas mientras que la víctima permanece en la primera planta, donde se ubica el Juzgado de Violencia.

Cuando se celebra el juicio oral, todas las víctimas que lo deseen pueden solicitar declarar con biombo, algo que ocurre con frecuencia cuando la víctima tiene una orden de protección frente al investigado. Por norma general, tras la finalización del juicio, espera unos minutos en la sala antes de abandonar los juzgados para evitar coincidir con el investigado en el edificio o en las proximidades.

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