- El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha admitido a trámite la querella interpuesta contra la diputada foral de Infraestructuras, Aintzane Oiarbide, y contra la empresa pública Bidegi, que gestiona el cobro de los peajes, “por presunta desobediencia grave al no paralizar aún el cobro del actual peaje, pese a haber sido declarado nulo por el Tribunal Supremo”.

Estos son los términos en los que se ha dado curso a las primeras actuaciones judiciales, según informó ayer en una nota la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer). Este colectivo acusó a la Diputación de Gipuzkoa de “vengarse” de los transportistas “proponiendo triplicar el importe de los futuros peajes a camiones” en el territorio.

A finales del pasado mes de julio se inició la tramitación del nuevo proyecto de norma foral para implantar por tercera vez un sistema de peajes en sustitución de las dos anteriores, declarados nulos por el Tribunal Supremo.

Aunque su puesta en marcha, de aprobarse finalmente, no se produciría antes del segundo semestre del próximo año, la federación de transportistas advirtió ayer de que el Ejecutivo foral “propone triplicar el importe del futuro peaje a cobrar a los transportistas en la N-1 y la A-15, superando el de las autopistas de pago del resto de España”.

“Para ello -señalaron-, plantea establecer hasta 32 puntos de control para el cobro del peaje, frente a los cuatro existentes con anterioridad”.

Fenadismer censura que una infraestructura “mastodóntica” de estas características exige un incremento sustancial del importe de los peajes, “llegando a triplicar el precio exigido actualmente”.

En opinión de los transportistas, la propuesta de la Diputación foral pasa “por someter a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, a fin de tratar de no incurrir en los mismos errores jurídicos que afectaron a las regulaciones anteriores”.

Para Fenadismer, esta posibilidad constituiría una “venganza” hacia los transportistas “por haber conseguido tumbar judicialmente por dos veces dicha medida recaudatoria”. Advierten además de que tanto la N-I como la A-15 en las que se fijaría el nuevo canon no son “vías asimilables a autopistas de alta capacidad en cuanto a su diseño y trazado”, pese a lo cual “el importe propuesto supera con creces el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional”.

En ese sentido, la federación de transportistas indicó que la cuantía del peaje propuesta para los camiones de mayor tonelaje asciende a 0,28 euros por kilómetro recorrido, frente a una media de 0,19 euros en las autopistas de peaje españolas. Según la valoración que hace el colectivo, la medida “implicará que cada camión soporte un peaje por trayecto recorrido de hasta 14,80 euros, frente a los 5,94 euros actuales”.